La Demarcación de Costas de Cantabria espera tener acabado el próximo año la totalidad del deslinde marítimo terrestre de la comunidad autónoma de Cantabria, en torno a 606 kilómetros de costa en los que este proceso sirve para definir con claridad dónde acaban los terrenos privados y empiezan los que tienen consideración de dominio público.
En la comunidad ya están aprobados los deslindes de 372 kilómetros de Castro Urdiales, Argoños, Liendo, Santoña, Laredo, Ampuero, Colindres, Limpias, Voto, Bárcena de Cicero y Escalante.
En tramitación se encuentran unos 94 kilómetros que se corresponden a Ribamontán al Mar (Isla de Santa Marina); todo el término municipal de Santa Cruz de Bezana; Santander (entre Bezana y Los Peligros); Piélagos (Canallave-Bezana y Miengo Canallave); y la totalidad de los municipios de Miengo y Torrelavega. A ello se unen algunos kilómetros pendientes de otros municipios ya concluidos, como 1,4 kilómetros en el interior de la ría de Brazomar (Castro) y 9,5 kilómetros de Santoña.
Aún queda por iniciarse la tramitación de unos cien kilómetros de costa en el entorno de la bahía de Santander, que afecta a municipios como Ribamontán al Mar y Ribamontán al Monte, Medio Cudeyo, Villaescusa, El Astillero y Camargo.
En conclusión, Cantabria tiene 'deslindada' algo más del 61 por ciento de su costa, un porcentaje similar al de otras comunidades españolas.
El jefe de la Demarcación de Costas de Cantabria, José Antonio Osorio, explicó que este proceso es complejo y requiere de una larga tramitación debido a que contempla una lista de procesos que están dirigidos a garantizar una amplia participación, no sólo de los ciudadanos colindantes a estas áreas, sino de todos los habitantes.
Según explicó, se calcula que en los deslindes de Cantabria se verán afectadas unas 20 personas por cada kilómetro, tanto de las zonas de dominio público marítimo terrestre, como de las servidumbres de protección. Osorio explicó que la complejidad ha sido desigual dependiendo de los municipios. Ha habido expedientes con más de 3.000 alegaciones y otros que apenas han tenido. Señaló que las áreas que dan a mar abierto son más sencillas, mientras que las marismas presentan más problemas porque se trata de zonas con concesiones muy antiguas, rellenos ilegales o población muy asentada, lo que requiere estudios más amplios. Hasta ahora Bárcena de Cicero ha sido de los municipios más complicados, mientras que en el lado opuesto se situarían Ruiloba y Alfoz de Lloredo.
Para qué y cómo.
Los deslindes dan cumplimiento a la Ley de Costas de 1988. Como explica Osorio, se trata de «marcar las reglas del juego» y dejar clara una 'línea' que la Administración ya contemplaba pero que se pretende que sea conocida por los afectados porque «es importante tenerlo claro». Se trata de separar los bienes que son «de todos» de los privados. Dentro del dominio público no se permite la propiedad y las fórmulas de ocupación pasan por lo que se denominan 'concesiones', a 30 años prorrogables a otros 30, en el caso de los particulares, y 'adscripción a la reserva' cuando se trata de Administraciones públicas. Ahora los procesos de deslinde están revisando todos los casos para aclarar posibles situaciones contradictorias o ilegales. Si se determina que una instalación en esta zona es contraria al interés público puede procederse a la expropiación, según explicó Osorio. En el caso de las servidumbres de protección sí se admite la propiedad de terrenos o bienes, pero están sometidos a unos límites de uso. Por ejemplo, se permiten las obras de mantenimiento y conservación, pero no ampliaciones y construcciones y Costas se reserva el control sobre las obras.
Extraído de: eldiariomontanes.es
