La SDR Astillero exigió hoy a la Federación Cántabra de Remo que
declare «ilegales» las regatas que va organizar la Asociación de Clubes
de Traineras (ACT) en Cantabria y solicite al Gobierno autonómico que
las suspenda «de inmediato».
Astillero ha sido expulsado de la ACT por no proporcionar a tiempo unos
datos a la asociación, y su entrenador y la mayoría de sus remeros (14)
tienen prohibido remar durante en el País Vasco dos años por una
resolución del gobierno de esa comunidad autónoma que les acusa de
haberse negado a someterse a un control antidopaje.
El club
cántabro, vigente campeón de España y ganador de la última Liga ACT,
exigió hoy a las autoridades federativas y autonómicas de Cantabria que
actúen contra la Asociación de Clubes de Traineras, porque considera
que vulnera sus derechos, «suplanta» a la Federación de Remo y pretende
«adueñarse de la competición».
En un comunicado, la junta
directiva de la SDR Astillero recuerda que las normas de la Federación
Cántabra de Remo estipulan que «cualquier regata» que se celebre en la
comunidad autónoma requiere la autorización de ésta y queda bajo
control federativo, condiciones que, de no cumplirse, determinan que la
regata «será considerada ilegal y la Federación podrá solicitar su
suspensión a la autoridad u organismo de la que dependa como
espectáculo público». Exige a la Federación Cántabra de Remo que
declare ilegales las cuatro regatas previstas en Cantabria dentro del
calendario de la ACT (las banderas de Castro Urdiales, Flavióbriga,
Laredo y Marina de Cudeyo) y, en consecuencia, «solicite a la
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte su suspensión inmediata». La
SDR Astillero denuncia asimismo ante el Gobierno de Cantabria que, no
sólo se impide a su trainera remar en las regatas de la ACT, sino
también en las organizadas en la comunidad autónoma por la recién
creada Asociación de Remo del Cantábrico (ACR): las bandera de Camargo,
Santander, Pontejos y Colindres. «La trainera de Astillero, la San
José, tiene derecho a participar en las regatas con las demás traineras
de Cantabria y a que la defienda la Administración pública», concluyen.
Extraído de: eldiariomontanes.es