Los vecinos de Castro Urdiales llevan nueve meses sin pagar el recibo del agua. Pero no se trata de una medida de gracia para ayudar a los ciudadanos a llevar mejor la crisis ni tampoco de un feliz olvido. El motivo de tal privilegio hay que buscarlo en la adquisición de un «nuevo programa informático» por parte de la empresa Ascán, gestora de la prestación desde 2007, con el que, en teoría, pretendía «mejorar» el servicio. Y es que la complejidad del sistema derivó en una cierta «tardanza» por parte de la compañía en la introducción de los datos de los usuarios en los registros. Además, la entidad ha tenido que incorporar recientemente en su lista a los cerca de 5.000 residentes empadronados en las nueve pedanías, que cedieron la gestión del agua al Ayuntamiento hace sólo unos meses.
Todo ello contribuyó a ese «desajuste» en el cobro del agua, que imposibilitó facturar los recibos «en tiempo y forma», según reconoció ayer el alcalde, Fernando Muguruza. Entretanto, 31.825 personas han podido abrir los grifos sin coste alguno desde enero. Y aunque algunos estuvieran «extrañados» por la falta de noticias de Ascán, no constan quejas ni reclamaciones vecinales al respecto. Pero todo lo bueno se acaba. La empresa empezó a girar este miércoles la cuenta correspondiente al primer trimestre de 2008 a cada uno de los domicilios.
Gestión polémica
Y claro está, la compañía necesita recuperar el tiempo perdido, así que los siguientes recibos se pondrán al cobro cada dos meses en vez de cada tres. Es decir, los castreños deberán abonar otras dos facturas el 15 de diciembre y el 15 de febrero. Eso sí, como siempre, dispondrán de «dos meses» de plazo para pagar.
Cabe recordar que la adjudicación de la gestión del agua a Ascán no estuvo exenta de polémica. Pese a ser la gestora oficial del servicio desde enero de 2007, varias sentencias judiciales posteriores instaron al Consistorio a devolver las riendas de la prestación a Ansa, que había sido la responsable del suministro desde 1981. Mientras tanto, varios miembros del equipo de gobierno denunciaron que la antigua adjudicataria no colaboraba en el preceptivo traspaso de información y datos de usuarios con la recién llegada.
Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria falló hace cinco meses que el contrato con Ansa expiró de forma «natural y legal» en 2006, aunque aún falta una última sentencia que confirme definitivamente la legalidad de la nueva adjudicación.
Extraído de: elcorreodigital.com
