La semana pasada todos nos echamos las manos a la cabeza cuando conocimos la noticia de que el letrado del Colegio de Abogados de Cantabria, A.M.S.G., había sufrido en su persona las formas con las que desarrollan las actuaciones policiales y judiciales llevadas a cabo por el Juzgado número 2 de Castro-Urdiales. Entonces recordé el artículo escrito en menorquín el 1 de mayo de 2007 titulado "La justicia, al estilo Eliot Ness" que relata las andanzas de Acayro por el Juzgado de Ciutadella, en Menorca, su anterior destino judicial.
En el citado artículo se decía que Acayro "había encabezado una de las instrucciones más politizadas de la pasada década judicial en referencia al caso d´hortals" y que "al entorno judicial le faltaba tiempo para avisar a la prensa para tomar fotos a un hortal concreto sólo porque era propiedad de una regidora del PP". Parece que el canario no ha cambiado las formas en su nuevo destino: Castro-Urdiales.
Pero volviendo a la actualidad, cuando el mencionado letrado cántabro acompañaba a sus clientes, administradores de la constructora Urdicam, para una nueva declaración policial, se encontró con la desagradable sorpresa de que él mismo era llamado a declarar como imputado. Su presunto delito, haber firmado una querella criminal contra el guardia civil FO63281I por detención ilegal y prevaricación. Además, fijense qué gravedad, de ser el posible inductor de la publicación en la prensa de una nota revelando nuevos datos de la instrucción.
Pero dicho comportamiento del juez, pese a incomprensible, lo han padecido otros profesionales del derecho habituales en los juzgados de Castro-Urdiales y, en especial, del número 2 con tratos en cierta medida semejantes a los recibidos por el antedicho.
Atención a cómo se las gasta el amigo:
A principios del mes de septiembre de 2007, en un procedimiento penal abierto sobre un posible delito de abuso sexual a unos menores de edad, la abogada vizcaina N.E.G. que representaba a la Asociación Clara Campoamor y a la madre de las presuntas víctimas solicitó la nulidad de las actuaciones porque faltaba en las mismas el Ministerio Fiscal. El juez Acayro, en una comparecencia realizada en su despacho judicial, la apercibió de las posibles consecuencias pecuniarias y disciplinarias que tendría el rechazo del recurso interpuesto por ésta y de la dilación que podría representar su tramitación. Las formas que se utilizaron para transmitir esas "consecuencias" fueron excesivas para ella hasta el punto de romper a llorar frente al citado juez a pesar de lo que a lo largo de su dilatada y a veces desagradable especialidad profesional había tenido que presenciar.
Igualmente en un procedimiento sobre familia iniciado en el mes de octubre de 2007 y en el cual se dilucidaba la guardia y custodia de dos menores de edad, el juez Acayro no admitió a trámite la demanda interpuesta por el padre hasta en dos ocasiones. Y no admitió a trámite la demanda porque el abogado de éste y concejal del Ayuntamiento de Castro-Urdiales, A.F.M., no había acreditado a su firma la habilitación de abogado en ejercicio para dicha causa (a pesar de llevar más de 15 años en ejercicio). Una vez que A.F.M. presentó un certificado colegial, siguió sin admitir el procedimiento, llegando el magistrado incluso a requerir al Colegio de Abogados para que le informara de si este jurista les había comunicado su causa de compatibilidad como concejal. Sólo cuando la madre de los menores inició el mismo procedimiento ante el Juzgado número 5 de Baracaldo y el magistrado vizcaíno requirió a su homólogo castreño la jurisdicción en el expediente y su entrega fue cuando éste se vio obligado a admitir a trámite la demanda. Esto fue cuatro meses después, tiempo durante el cual el padre dejó de tener la custodia definitiva de sus hijos.
El letrado A.F.M. denunció ante el Colegio de Abogados de Cantabria y ante el Tribunal Superior de Justicia el comportamiento del mencionado juez poco después de interponer la demanda. Este organismo, a través de su Presidente, D. Cesar Tolosa, no vio indicios de nada anormal en su comportamiento (¡!).
Otro caso más.. Cuando se iniciaron las mediáticas actuaciones judiciales en Castro-Urdiales, con la intervención y el requiso de numerosa documentación por parte de la policía judicial en el Ayuntamiento de Castro-Urdiales y, en especial, en su departamento de urbanismo, el conocido letrado penalista en ejercicio del Colegio de Abogados de Vizcaya, A.P.F-C., concejal del equipo de gobierno en el Consistorio castreño, solicitó a los agentes de la guardia civil encargados de recoger los expedientes que le exhibieran al fedatario municipal el auto o resolución en el cual se acordaba la incautación. Todo ello debido al desconocimiento por parte del funcionario público de lo que estaba realmente sucediendo. Su castigo, la apertura a ambos y en ese mismo momento de un presunto delito de desobediencia y obstrucción a la justicia. No fue detenido pero sí emplazado a comparecer "de inmediato" como imputado al Juzgado número 2, en donde no se le tomó declaración. Ambos se fueron de dependencias judiciales sin explicación alguna. ¿Eso no es detención?. Además, el auto que exigía la requisa de documentación municipal jamás le fue exhibido. No obstante, durante varios meses el juez siguió pidiendo, esta vez verbalmente, a este otro concejal el acta de compatibilidad para el ejercicio de la profesión de abogado, por lo menos "si quería trabajar en su juzgado".
Más.. Porque hay para escribir un libro. Hace unas fechas y sin motivo aparente, el juez Acayro dio orden a los funcionarios adscritos a "su" juzgado a que llamaran inmediatamente a la policía judicial para proceder a la detención de la procuradora de los tribunales P.I.B. si ésta profesional "cruzaba tan siquiera" la puerta de lo que denomina "sus dependencias judiciales". Esta actuación provocó una nueva denuncia, esta vez verbal, ante el Decano del Colegio de Procuradores, Dionisio Mantilla. Esta procuradora había trabajado con anterioridad durante más de diez años de ejercicio profesional como juez de primera instancia e instrucción en una plaza de Cantabria.
Ya para terminar por hoy, otra víctima de la actuación judicial ha sido la letrada del Colegio de Abogados de Cantabria V.Y.S.S., que además ocupa el cargo de Técnico Superior del Departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Castro-Urdiales que se encuentra actualmente de baja médica psicológica posiblemente debida a las numerosas veces que ha tenido que comparecer como "testigo", sólo como "testigo", en las causas judiciales abiertas por Acayro.
El tiempo dará y quitará razones pero parece ser que el guardia civil F063281I, denunciante e instructor por partida doble del caso Urdicam, el del arroyo, correntía, o lo que digan los técnicos o más bien El Mundo, puede enfrentarse a un delito de detención ilegal (penado entre cuatro y seis años de prisión e inhabilitación absoluta de entre ocho y doce años si es cometido por autoridad o funcionario como es el caso). Y es que las formas de proceder de la policía judicial han sido ya objeto de una queja ante la Delegación de Gobierno en Cantabria. ¿Cuánto tardarán las formas de Acayro en llegar a conocimiento de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial Español?
Extraído de: cantabrialiberal.com
