El Partido Regionalista de Cantabria ha pedido “responsabilidad” al Ayuntamiento de Castro Urdiales para “poner fin” al conflicto que mantiene con Conservas Lolín, una vez que el titular del Juzgado de lo Contencioso Número 2 de Santander, Luis Acayro Sánchez, ha declarado nulo de pleno derecho el acuerdo adoptado por el Pleno el pasado 4 de febrero, al rechazar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana necesaria para la entrada en vigor del convenio que el propio Consistorio suscribió con la empresa, y que permite su traslado al polígono de Vallegón y la construcción de un centro comercial en los terrenos que actualmente ocupa.
Tras conocer la resolución judicial, el PRC se ha reafirmado en la postura y los argumentos esgrimidos por sus representantes municipales, que junto a los de Castro Verde fueron los únicos que apoyaron la modificación urbanística por entenderla "ajustada a Derecho y contar con todos los informes preceptivos favorables".
Aunque estuvo presente en la sesión plenaria del 4 de febrero, la dirección regionalista no se había pronunciado hasta ahora sobre el asunto por la implicación personal de su portavoz en Castro Urdiales, el propietario de la empresa, Jesús Gutiérrez.
Una vez conocido el fallo judicial, ha valorado que “despeja cualquier posible duda” que pudiera existir sobre la legalidad del cambio en el PGOU y demuestra que si existe alguna razón para impedirlo “no es de orden jurídico”.
Por el contrario, destaca la “rotundidad” del juez al señalar que “bajo la apariencia de rechazo a la aprobación definitiva de la modificación se esconde una revocación arbitraria del convenio” suscrito en su día por la empresa y el Ayuntamiento para propiciar el traslado y el destino del suelo que ahora ocupa la fábrica a un centro comercial, y que ya fue respaldado hace algo más de un año por otra sentencia judicial.
Ante esta situación, el PRC opina que el Ayuntamiento “debe estar a la altura, asumir su error y enmendarlo, sin crear más trabas, ni poner en peligro los 50 puestos de trabajo que genera en este momento Conservas Lolín”.
El Partido Regionalista traslada además su solidaridad y apoyo a la plantilla de la conservera, cuyo futuro se ha visto “en el aire, como consecuencia de una decisión política que ahora resulta contraria a Derecho”.
