Podemos Castro Urdiales ha apoyado la decisión del AYuntamiento de Castro Urdiales de recurrir la sentencia de ASCAN y solicita que se investiguen las responsabilidades que se puedan derivar de las actuaciones de los anteriores gobiernos y técnicos municipales.
A continuación publicamos la nota de prensa íntegra recibida en nuestra redacción.
NOTA DE PRENSA
La reciente sentencia por la que el Ayuntamiento deberá pagar más de 5 millones de euros a la empresa que gestiona el ciclo integral del agua, supone un grave varapalo para todos los castreños que veremos mermada nuestra capacidad de inversión y por lo tanto sufriremos un empeoramiento en nuestra calidad de vida.
Desde Podemos Castro Urdiales apoyamos la iniciativa de recurrir la sentencia para tratar de que no tengamos que hacer frente a este gasto desorbitado, pero creemos indispensable ir más allá y estudiar las responsabilidades penales de quienes participaron de la firma del contrato, para exigir la reparación del daño causado. No se puede aceptar simplemente que dicho gasto saldrá del bolsillo de todos los castreños. Por ello pedimos que se investiguen las responsabilidades que se puedan derivar de las actuaciones de los anteriores gobiernos y técnicos.
El gobierno del PP, PRC e IU, en un pacto anti natura como muchos vividos en nuestro municipio, firmó este contrato en 2007. No es de recibo que la gente de a pie pague las pillerías de unos pocos que durante años han sometido a Castro a un saqueo continuado, esta vez privatizando lo que debería ser de todos los castreños, la gestión del agua que bebemos. No olvidemos que las actuaciones acaecidas hace 9 años, tienen vigencia para otros 16, y que van a laminar la capacidad de inversión del ayuntamiento durante varias legislaturas más. Porque esta reclamación no es sino la primera de las que previsiblemente se sucederán en los próximos años.
Desde Podemos Castro Urdiales creemos que los servicios jurídicos del ayuntamiento deben estudiar con detalle el contrato firmado entre el Ayuntamiento y ASCAN en 2007. Y explicarnos a toda la ciudadanía si hay algún tipo de cláusula lesiva para los intereses de la comunidad, que obligue a compensar la diferencia entre las previsiones empresariales y los ingresos reales. Y si existe dicha cláusula, el ayuntamiento está obligado a tratar de que esos intereses generales prevalezcan sobre la cuenta de resultados de ASCAN.
La corporación municipal deberá explicar detalladamente por qué se firmó un contrato, lesivo para los intereses de toda la ciudadanía, en un proceso repleto de irregularidades y con todo en contra, donde podemos recordar por ejemplo:
• Informes técnicos desfavorables, ante los cuales la Mesa de Contratación excluyó a dichos técnicos municipales y otorgó a una empresa privada la valoración de las ofertas del Pliego del Agua.
• Se desestimaron por decreto todas las alegaciones presentadas al concurso.
• Informe contrario emitido por el secretario de la Corporación.
• La Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento contrató a un letrado ajeno a la administración la elaboración de un contrainforme sobre el informe previo del Secretario de la Corporación Municipal para desacreditarlo.
• Informe contrario emitido por el interventor.
• La existencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que lo desaconsejaba.
