Tras la última sentencia que obliga al Ayuntamiento a pagar a Cenavi más de 700.000 euros por las obras de rehabilitación del Castillo - Faro, PODEMOS Castro Urdiales hace una dura valoración sobre la actitud del equipo de gobierno y de la oposición en relación a las indenmizaciones que el Consistorio debe pagar distintas empresas. Así lo reflejan en la siguiente nota de prensa.
NOTA DE PRENSA
"Primero fue la sentencia que condenó al Ayuntamiento a indemnizar a la constructora Asonia con 3.000.000 €. La siguiente, pendiente de recurso, supuso indemnizar a ASCAN por los primeros años del contrato del agua: 5.200.000 €. Después, la reclamación de la UTE de limpieza: 1.300.000 € que penden como una espada de Damocles sobre la maltrecha economía municipal. Ahora, el ayuntamiento deberá abonar a CENAVI otros 700.000 € por una propiedad municipal infrautilizada. Esas cantidades suman más de 10.000.000 €.
Y no es excusa que el Ayuntamiento no pueda afrontar el pago porque no hay presupuestos, eso es agravante. Ese “algo habría que haber hecho” suena a toda una declaración de impotencia. Esto es un goteo permanente que nos ha dejado en herencia la nefasta, y presuntamente dolosa, gestión municipal de los años de la abundancia. Aunque lo realmente preocupante es que, una vez más, el Ayuntamiento asume sin rechistar las corruptelas de nuestro pasado más reciente. El equipo de gobierno, porque ha hecho borrón y cuenta nueva de todo lo que ocurrió antes de mayo de 2015. Y toda la oposición porque fueron los responsables directos, por acción u omisión, de la bancarrota que estrangula la gestión municipal. Sin olvidarnos de los que ya no tienen representación municipal, pero que contribuyeron directa e inequívocamente a clavar la tapa del ataúd en el que yacen las finanzas municipales.
Lo más sustancioso de las posibles futuras reclamaciones está por llegar. Nadie puede dudar ya que ASCAN pretende recuperar los 24 millones del canon del agua con sucesivas reclamaciones judiciales. A poco que se tuerzan las cosas, el Ayuntamiento puede enfrentarse a una responsabilidad patrimonial en La Loma superior a los 50 millones de euros. ¿Es que el Ayuntamiento piensa asumir con resignación todas las reclamaciones y sentencias judiciales sin perseguir a los causantes del quebranto económico? ¿Ésa es la forma en que el Ayuntamiento pretende defender los intereses de sus ciudadanos? La historia municipal no comenzó a finales de mayo de 2015. La política del avestruz es muy mala consejera en el horizonte judicial que le espera al Ayuntamiento. El hecho de que el actual gobierno municipal no tenga nada que ver con la gestión que ha provocado la sentencia no es óbice para olvidar que el germen de esta condena se remonta a la escasa diligencia observada por una administración municipal socialista. “Los que vienen tienen que hacer frente a la situación que se encuentran” no es impedimento para que los servicios jurídicos del Ayuntamiento investiguen y, en su caso, persigan judicialmente a los causantes del estropicio. Pero eso precisa de un fuerte sentido de defensa de lo público y una buena dosis de responsabilidad y voluntad política.
La corrupción ha resultado muy lucrativa y barata a sus promotores y beneficiarios. Al conjunto de la ciudadanía castreña nos va a costar muy cara."
