Podemos Cantabria denuncia la situación del Centro de Día de Castro Urdiales tras conocer, la semana pasada, el cierre de este con motivo de su rehabilitación integral y la construcción de una futura residencia de mayores.
"No han tenido en cuenta las consecuencias y el impacto que pueden tener las personas que acceden a este servicio, que en su mayoría cuentan con una situación delicada de salud y cualquier cambio les puede afectar de manera negativa", señala Mónica Rodero, responsable de Movimientos Sociales de Podemos Cantabria y candidata a la presidencia de Cantabria. Y es que el Centro de Día se privatizó en el año 2012 durante el mandato del PP, junto con el cierre de la residencia de La Pereda y el comedor social de Santoña. Ese mismo año, la gestión fue otorgada a la empresa Pro Mariorem Cantabria S.L. por dos años prorrogables por dos más hasta agotar los plazos, que se cumplen el próximo 31 de diciembre. Sin embargo, la empresa comunicó en el mes de abril que no seguiría con la gestión "y los afectados se han enterado la semana pasada por los medios".
Además, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) se ha puesto en contacto con los familiares de los afectados por teléfono "hace tan solo un par de días, sin dar ninguna explicación y sin notificación por escrito" para comunicarles que se recolocará a los usuarios en centros próximos como el de Laredo, Liendo o la Residencia, y que el transporte, en un principio, correría a cargo del Gobierno de Cantabria, "hecho que finalmente no va a ser posible", señalan desde la formación morada.
"No se han preocupado de volver a sacar la licitación para dar continuidad al Centro, y ahora los afectados son un sector de la población al que hay que cuidar con respeto y aplicando siempre la toma de decisiones en torno a ellas y a su bienestar", señala Mónica Rodero, que pide que el Centro de Día de Castro Urdiales vuelva a ser de gestión pública y se subrogue al personal contratado que lleva prestando sus servicios durante diez años.
Asimismo, subraya Mónica, "esta es una de las consecuencias de la privatización de los servicios públicos; con esta actuación están demostrando que el bienestar de las personas mayores no les importa lo más mínimo". Y es que la futura residencia de mayores que se va a construir en las dos plantas superiores del edificio "no cuenta con proyecto, ni financiación, ni plazos de ejecución; lo único que conocemos es que se va a construir con fondos europeos", destaca, e insta a que en caso de que se realicen dichas obras, estas se hagan de manera paulatina como se han hecho otros proyectos similares. "Nuestras políticas han de ir encaminadas a mejorar la vida de las personas y siempre escuchando sus necesidades" finaliza.
