El Ayuntamiento de Castro Urdiales puede perder una subvención regional de 48.000 euros para desarrollar el proyecto del futuro archivo municipal en El Chorrillo, por carecer de los documentos que demuestran la propiedad de los 800 metros cuadrados en la
urbanización 'Las Caserías', sita junto a Leonardo Rucabado, 'que han sido cedidos al consistorio gratuitamente por la empresa constructora Bilpro SA.
Larga historia
Esta polémica obra comenzó con mal pie. Hace varios meses, el Grupo Socialista, presidido entonces por Rufino Díaz Helguera, presentó un contencioso administrativo por presunta ilegalidad urbanística. La oposición castreña denunció que las cuatro plantas de sótano que se querían acometer en la urbanización, incumplían el Plan General de Ordenación Urbana. Aunque un pleno celebrado durante este mes ha ampliado el número de plazas de garaje que permite el Plan General, lo ha hecho sin carácter retroactivo, por lo que el conflicto por presunta irregularidad urbanística sigue adelante.
El alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza (PRC) explico ayer que «sin documentos de propiedad de los locales, que han resultado gratis al Ayuntamiento tras alcanzar un acuerdo con la constructora, no voy a poder demostrar que se está desarrollando el proyecto del futuro archivo, una iniciativa que está parada en la actualidad, hasta que se resuelvan las dudas urbanísticos».
El edil Pedro Olano (expulsado del PSOE) acusó al equipo de gobierno en el pasado pleno de haber podido incurrir en un presunto delito de prevaricación, al dar el visto bueno al acuerdo que permite la ejecución de 42 viviendas y garajes en El Chorrillo.
Sin embargo, Muguruza y el edil de Desarrollo Industrial, Jaime Díaz Muro, explicaron que «esta urbanización tiene dos edificios anexos, pared contra pared, construidos a diferentes cotas sobre una ladera, el garaje de dos plantas está a pie de calle en el primero de ellos ya levantado, y el hueco sobrante, de cerca dos plantas de 400 metros cuadrados cada una. En el otro inmueble por levantar, esas plantas serían cedidas al ayuntamiento por la constructora Bilpro para las dependencias municipales. ¿Qué intereses persigue el constructor?, muy sencillo: hacer un trueque para que el garaje quede a pie de calle y los trabajos sean más sencillos. Un permiso que concedió el Ayuntamiento».
Un proyecto parado
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Mientras el proyecto «está atascado», como reconoció ayer Muguruza, los cinco ediles expulsados del PSOE mantienen que «el equipo de gobierno encargó un proyecto y la dirección de obras del archivo municipal, obra no legal a fecha de hoy, a la empresa Iztau por 10.000 euros. Con posterioridad, la
constructora concesionaria de una licencia no legal, Bilpro SA, pasó a la Administración local una factura de 69.541, euros, según acuerdo alcanzado».
Los ediles no adscritos del PSOE han solicitado documentación sobre los compromisos adquiridos entre el tripartito y la promotora». Ayer, Muguruza dijo que «los tránsfugas socialistas me acusan veladamente de prevaricación. Es inmoral acusar a alguien de un delito sin pruebas. Me niego a tener que demostrar que soy inocente, que pongan pruebas ante un juez si creen que es así». El alcalde afirmó que el edificio levantado cuenta con licencia legal y que no se construye ni un metro más de la edificabilidad permitida».
Fuente: eldiariomontanes.es