Los cinco concejales ex socialistas en el Consistorio castreño, a través de su portavoz en esta ocasión, Pedro Vicente Olano Helguera, han manifestado que “entre todos los concejales del Ayuntamiento queremos que se hagan esfuerzos para transformar la etapa de confrontación y oscurantismo por otra nueva donde haya transparencia, legalidad y diálogo. Por ello debe haber un intercambio de ideas e iniciativas, permitiendo poder participar a todos los concejales aportando ideas en las Comisiones y presentando propuestas al presupuesto. No entendemos el posicionamiento del alcalde rechazando las propuestas que se le presentan o tirándolas a la papelera sin argumentar nada a cambio, ni la posición del concejal de Hacienda cerrándose al diálogo y transmitiendo engaños a los ciudadanos que pueden traer consecuencias importantes por la inseguridad jurídica que trasmite a sus actos”.
Recuerda Olano que “votamos negativamente al borrador del presupuesto para 2005 argumentando razones legales y de concepto. Por ejemplo, el documento que el responsable de Hacienda presentaba estaba firmado por un funcionario no habilitado para ello (Sentencia 96/05 del Contencioso-Administrativo nº2 de Santander). Además, consideraba como ingreso el canon de privatización del Ciclo Integral del Agua, cuando sabíamos que el expediente de contratación no era legal y había que dejarlo sin efecto, como así ha ocurrido después de haberse hecho los informes del Consejo de Estado y del Secretario del Ayuntamiento . “En el caso que el presupuesto de 2005 hubiese sido aprobado como el Gobierno tripartito decía, podría haberse recurrido y estar abocado a nuevas demandas. Consideramos que el presupuesto es un documento importante para la vida pública municipal pero bien conformado con la legalidad por delante, pues las irregularidades no conducen a nada”, señala.
Recuerda también Olano que José Miguel Rodríguez “sigue rsistiendo en el engaño a los ciudadanos cuando transmite sus cuentas del año 2004, a las que se presentó una alegación haciendo er que no estaban bien informadas puesto que la pesona que las hizo no está habilitada para ello según la sentencia mencionada anteriormente, y la contestación que se le ocurre a Rodríguez López es que se ha dictaminado votar desfavorablemente a la alegación, pero teniendo en cuenta que lo hace en una comisión que está impugnada porque la representación de esa comisión resulta inconstitucional. Por tanto, lo que el responsable de Hacienda presenta es de dudosa legalidad, en la línea del presupuesto del año 2005”. “Frente a esta política de choque con la oposición que está llevando Rodríguez López, nosotros queremos otra política que posibilite explorar otras vías entre todos los concejales de la corporación municipal, buscando vías de encuentro a través del diálogo y reuniones, ajustándonos todos a los cauces legales. El Gobierno tripartido debe escuchar toda la oposición, todos pueden decir algo y todos tienen derecho a participar. Sin escuchar a una oposición no se puede dirigir un Ayuntamiento, no se debe gobernar contra nadie. La oposición queremos trasladar a la política, una nueva línea de trabajo para dar respuesta a las inquietudes de los ciudadanos ”. Recuerda también Olano que “el borrador de los presupuestos que presentan para el año 2005, no a la totalidad dela Corporación, es el mismo que el presentado anteriormente, quitando lo que no podían llevar, como el ingreso del agua por ejemplo, pero siguen manteniendo la firma del funcionario que suscribe el informe sin estar autorizado para ello. Dicen tanto Rodríguez López como Hierro Santurde, que esto lo van a arreglar, sólo piden que se les dé tiempo; pero deben saber, como así lo han aceptado, que la irregularidad que hemos denunciado existe efectivamente (sentencia de lo Contencioso-Administrativo nº 2), en cuanto a la elaboración del informe económico-financiero por un funcionario que no está habilitado para ello y que , no sólo suscribió el informe sino que, además, elaboró el proyecto de presupuesto, por tanto es directa y frontal la ilegalidad puesto que, no sólo lo firma, sino que redactó el informe económico-financiero, no permitiendo ser valorados con los debidos criterios de legalidad y adecuación a las circunstancias económicas de la Corporación municipal”.
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