El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha emitido un decreto que ordena la instalación de cámaras de videovigilancia con el objetivo de mejorar la regulación del tráfico en la ciudad. Esta medida responde a la necesidad de reforzar el control vehicular debido al elevado volumen de tráfico tanto de residentes como de visitantes.
El decreto destaca que las tradicionales formas de regulación presencial del tráfico son insuficientes para la cantidad de vehículos que circulan por las calles de Castro Urdiales. En este contexto, la incorporación de tecnología de videovigilancia se presenta como un apoyo esencial para las funciones de vigilancia y control a cargo de la Policía Local.
La instalación y uso de las videocámaras estarán sujetos a las disposiciones de la Ley Orgánica 4/1997 y el Real Decreto 596/1999, que regulan el uso de videocámaras por las fuerzas de seguridad en lugares públicos. Estas normativas aseguran que las cámaras se utilicen respetando los principios de proporcionalidad y mínima intervención. Además, las grabaciones serán destruidas en un plazo máximo de un mes desde su captación para garantizar la privacidad de los ciudadanos.
El tratamiento de los datos personales obtenidos a través de estas cámaras se regirá por la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como por el Reglamento (UE) 2016/679. El Ayuntamiento, como responsable del tratamiento de los datos, estará obligado a informar a los ciudadanos sobre los medios disponibles para ejercer sus derechos en relación con estos datos.
El decreto especifica la instalación de dos equipos de videovigilancia compuestos cada uno de ellos una cámara OCR de lectura de matrícula y una cámara de entorno de captura de video en puntos estratégicos de la ciudad:
- Dispositivo 1: Control de accesos a la zona restringida en la Avenida de la Constitución, Nº 2.
- Dispositivo 2: Control de accesos a la zona restringida en la Calle Melitón Pérez, Nº 1.
Además, se instalarán carteles informativos en las áreas vigiladas para avisar a los ciudadanos sobre la videovigilancia, cumpliendo con el derecho de información.
El Ayuntamiento ha designado a la Alcaldía como el órgano encargado de la custodia de las grabaciones y de la resolución de las solicitudes de acceso y cancelación de los datos por parte de los ciudadanos. Se adoptarán medidas para garantizar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de las grabaciones según lo estipulado en la normativa vigente y el Esquema Nacional de Seguridad.
La resolución completa del decreto ha sido publicada en la página web del Ayuntamiento y en el Tablón Municipal para garantizar la transparencia y el acceso a la información por parte de todos los ciudadanos.
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