CastroVerde ha denunciado hoy en nota de prensa que desde Medio Ambiente se haya sacado un nuevo contrato pra la recogida de podas en la parcela de la loma que ardió recientemente "pese a que recibió una nueva advertencia de legalidad del interventor municipal".
El partido verde señala además que "el informe técnico fue firmado por el concejal, que a la vez es alcalde pedáneo de la Junta de Sámano, propietaria de la parcela, y en él rehúsa la responsabilidad de ésta en la generación de residuos, derivándola en el Ayuntamiento".
NOTA DE PRENSA CASTROVERDE
Recientemente, Castroverde desveló la proliferación de contratos de gestión de podas en el Dpto. de Medio Ambiente, que superaban en menos de un año los 67.000 €, sobre los que -ya en julio- el interventor municipal realizó la correspondiente advertencia de legalidad, puesto que al menos uno de ellos constituía un servicio estructural y no podría adjudicarse mediante un contrato menor.
No pareciéndole suficiente, José Mª Liendo, concejal de Medio Ambiente, vuelve a sacar adelante otro contrato en octubre por 17.931 € para la recogida de podas en la parcela de la Loma –en la que se desató el incendio– pese a que recibió una nueva advertencia de legalidad del interventor municipal, que entendía que esa adjudicación no es del ámbito de un contrato menor, como recoge su informe y reconoció en el último pleno a pregunta de CastroVerde.
Las irregularidades de este nuevo contrato no se quedan ahí, ya que el informe técnico del expediente lo firma el propio concejal –algo que hace de manera reiterativa– y no el técnico de medio ambiente del que dispone el Dpto., lo que llega a confundir al propio interventor, quien da por bueno el informe al entender que lo firmaba el funcionario, en el cual se indicaba que los restos de poda de la parcela los había depositado el Ayuntamiento.
Sin embargo, el informe técnico fue firmado por el concejal, que a la vez es alcalde pedáneo de la Junta de Sámano, propietaria de la parcela, y en él rehúsa la responsabilidad de ésta en la generación de residuos, derivándola en el Ayuntamiento.
Esta actuación, totalmente inadmisible, supone una vulneración administrativa, ya que debió ser un técnico neutral y ajeno a la junta vecinal quien dirimiera sobre el origen de esos restos, y no el propio alcalde pedáneo que decidió que su retirada debe pagarla el Ayuntamiento, eximiendo la propia responsabilidad.
A lo anterior habría que añadir que este contrato es el 2º que se realiza en el mismo año para el mismo servicio -hubo otro en enero por 13.000 €-, superando ampliamente el importe del contrato menor, contraviniendo la Ley de Contratos.
Esta forma de actuar, con continuas chapuzas e irregularidades en la contratación, dista mucho de lo prometido y pone en entredicho la capacidad del PSOE para la gestión municipal.
