El partido político de Castro Urdiales CastroVerde ha publicado una nota de prensa en la cual realiza algunas valoraciones sobre la demanda presentada por Conservas Lolín ante el juez Acayro.
Para CastroVerde "hay un argumento que indirectamente el auto del Juez y las declaraciones de los abogados previas ha dejado claro: Que el grupo opositor a que la fábrica de Lolín se traslade a Vallegón no se ha movido por el interés general sino por decisión o interés político".
A continuación publicamos la nota de prensa íntegra recibida en nuestra Redacción.
NOTA DE PRENSA CASTROVERDE
En CastroVerde hemos seguido los avatares jurídicos consecuentes a la demanda presentada por Conservas Lolín ante el juez Acayro con una cierta distancia.
De hecho, nunca creímos que por la vía judicial se consiguiera revertir el resultado del famoso pleno del 4 de febrero, donde los grupos PSOE, PP y PODEMOS rechazaron la modificación del PGOU. Tampoco tenemos claro que al final del proceso, con apelaciones, etc. se consiga.
Pero hay un argumento que indirectamente el auto del Juez y las declaraciones de los abogados previas ha dejado claro: Que el grupo opositor a que la fábrica de Lolín se traslade a Vallegón no se ha movido por el interés general sino por decisión o interés político.
El propio abogado nombrado por la alcaldesa, en su nombre, ha reconocido que no había razones jurídicas, ni técnicas. Es decir, ninguna válida, para no apoyar le modificación del PGOU. Que eran razones políticas...
Sólo le faltó reconocer que actuaron así por revancha o vendetta contra dos grupos políticos rivales por no haberle apoyado en se elección como alcaldesa. Que es decir lo mismo que CastroVerde ha defendido en todo este proceso.
El juez ante esa respuesta ha tenido que explicarles la diferencia entre discrecionalidad y arbitrariedad, que en el fondo se limita a que ustedes pueden votar lo que quieran, pero siempre argumentando el por qué y para qué y además en defensa del interés general. Si no, estarán actuando arbitrariamente y en contra del interés general, como así ha sido.
Que por muy independiente y soberano que el Ayuntamiento sea en asuntos urbanísticos, se debe siempre actuar, es decir votar, a favor del interés general, ratificado en el Convenio firmado entre la empresa y el Ayuntamiento y ratificado por el Tribunal Superior de Justicia.
Pero, además, con esas declaraciones del abogado, se confirma que todos los informes eran favorables y que no había ningún inconveniente legal para su aprobación. Se reconoce que todo lo que en aquél pleno escuchamos eran mentiras, disculpas o invenciones catastrofistas.
La Alcaldesa mintió a los ciudadanos ocultando las verdaderas razones de su abstención y la de su grupo, para impedir la modificación de Plan General. No había informes desfavorables, ni incumplimientos de las cláusulas del Convenio, ni había que legalizar el pozo, ni la inundabilidad de la zona lo impedía, ni nadad de nada.
Esto ya lo puso de manifiesto la Secretaria Municipal en el pleno al no encontrar impedimento legal para su aprobación tras la consulta de nuestro portavoz. No había argumentos que convenciera a los oponentes, porque no había nada que rebatir. Y menos al grupo del PP que ni siquiera acudió al pleno.
Era evidente que el Equipo de Gobierno estaba dispuesto a rechazar el Convenio y la Modificación. Retrasaron el pleno de aprobación definitiva, negando la existencia de los informes favorables de la CROTU. Finalmente, obligados por los grupos PRC y CastroVerde tuvieron que convocar un pleno extraordinario, donde buscaron todo tipo de artimañas para desmontar una propuesta que tiene todo el respaldo jurídico y toda legitimidad social.
Ahora es un Juez, es decir la ley, el que les obliga a convocar de nuevo un pleno y enfrentarse sin dilación a sus responsabilidades. Veremos si ahora votan conforme a la única opción legítima: Defender el interés general y anteponerlo a los rencores personales y a los intereses partidistas, y particulares.
En nuestra corta pero ejemplar trayectoria, CastroVerde ha sido impecablemente respetuoso con las leyes y con los técnicos que la conocen y velan por su cumplimiento. La corporación ha cambiado y, desgraciadamente, hemos vuelto a la judicialización de la política. Es una pena, pero en este caso hay que reconocer que ante comportamientos arbitrarios y abusos de poder no existe otro tratamiento.
Esperemos, para la buena salud política de nuestro pueblo, que de esta experiencia nada edificante se saquen conclusiones, y se rectifique la deriva autoritaria y revanchista de los que ahora nos gobiernan en este comienzo de legislatura.
