El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha emprendido un proyecto de regularización y reorganización de los locales municipales cedidos a asociaciones, peñas y colectivos, con dos objetivos: poner al día las autorizaciones de uso, dando seguridad jurídica a las entidades al poder obtener un documento de cesión, y disponer de algunos espacios para ampliar servicios u otorgar locales a asociaciones que no disponían de ellos.
Al igual que en otros asuntos municipales como el Cementerio o los mercados y mercadillos, el equipo de gobierno ha visto la necesidad de poner orden y gestión en los locales cuyo uso está cedido para actividades sociales, culturales, deportivas y lúdicas desarrolladas por asociaciones y entidades similares, al haber detectado la falta de cumplimiento de la ordenanza reguladora existente desde 2010 y ante la necesidad de atender nuevas peticiones.
Por ello, a finales de 2017 el Ayuntamiento emprendió un trabajo de inventariado de los locales y a mediados de junio se notificó a las entidades que actualmente los ocupan que, de cara a la regularización, comunicaran si disponían de documento de concesión o autorización y, en caso de no tenerlo, que solicitaran el uso especificando actividades a realizar en el local, calendario de uso (días y horas) y número potencial de usuarios.
El resultado de este proceso ha sido que tan solo cuatro entidades disponen a día de hoy de una autorización en vigor, mientras que el resto está en precario en los 50 locales municipales que ocupan. A estas se suman las nuevas peticiones de asociaciones a las que hay que atender y por ello la reorganización pretende optimizar los espacios existentes, buscando usos compartidos cuando sea necesario.
Al avanzar en el proceso de regularización se vio la necesidad de modificar la Ordenanza reguladora del uso de locales municipales, que no ha sido aplicada desde su aprobación en 2010 y que se veía preciso actualizar para adecuarla a la realidad actual y a las necesidades de futuro. El borrador de la Ordenanza fue debatido ayer en Comisión Informativa y será llevado al pleno del próximo martes.
Los principales cambios de la misma son que se distingue entre tres tipologías de uso, que se dan “de facto” pero no estaban reguladas: locales de uso concurrente o compartido; no compartido; y con zonas comunes de uso concurrente. De esta forma, los usuarios de locales con zonas comunes deberán ocuparse de la limpieza y buen uso de esas zonas, y los de uso no compartido deberán disponer de un seguro de responsabilidad civil ante terceros para responder de los daños que puedan ocasionarse con motivo de sus actividades.
Los periodos de autorización serán de cuatro años, tras los cuales deberán renovarse, y se procurará agrupar a las entidades atendiendo a sus fines. Para cada local se especificarán en el documento de autorización las condiciones concretas y particulares, como horarios específicos que se puedan determinar en función del tipo de actividad a desarrollar. Las asociaciones y colectivos deberán asumir los gastos de conservación y mantenimiento, así como los de servicios y suministros cuando sean susceptibles de individualización.
