Técnicos de la Dirección General de Interior del Gobierno de Cantabria, personal del 112, sanitarios del 061, responsables de los ayuntamientos y de las empresas adjudicatarias de los servicios han mantenido hoy una reunión de coordinación para preparar la cobertura de los servicios de vigilancia de las playas de la región para este verano, que tendrán que adaptarse a los criterios de la normativa surgida como consecuencia del COVID-19.
La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, ha intervenido al inicio de esta reunión y ha destacado la necesidad de colaborar con los ayuntamientos litorales como administraciones competentes “a cumplir con los criterios necesarios para evitar contagios y que la seguridad quede garantizada en mayor medida para socorristas, servicios de emergencia y ciudadanía”.
Se pretende, así, aumentar las cotas de eficiencia de los efectivos, reducir los tiempos de respuesta en las incidencias que ocurran en la presente campaña estival y actualizar los conocimientos y procedimientos de los socorristas cuando el contacto sea inevitable para disminuir “al máximo” las posibilidades de contagio. La consejera también se ha referido a los cambios en materia de salvamento por la crisis sanitaria, que “nos obliga” a adoptar unas “conductas adicionales” como en los accesos a los arenales, la estancia en los mismos, el equipamiento en los puestos de socorro, así como en la propia aplicación de las técnicas de rescate.
Para apoyar todo este operativo de asistencia y emergencias en los arenales, el Gobierno de Cantabria destina para la presente campaña de verano 550.000 euros. En la convocatoria de este año, 16 ayuntamientos recibirán la subvención autonómica para colaborar en la organización de los servicios públicos municipales en los arenales de la región. Entre esos municipios se encuentra Castro Urdiales, que recibirá 49.726 euros por parte de Gobierno de Cantabria destinados a los servicios de socorrimos y vigilancia de nuestras playas.
