Esta sentencia se produce tras la demanda de un Oficial de la Policía Local por infracción de las normas de prevención de riesgos laborales, en relación con el acoso laboral ejercido por el Jefe del Cuerpo.
No es la primera vez que el Ayuntamiento de Castro Urdiales se encuentra en esta situación, ya que en 2020 fue condenado por una demanda similiar de otro agente de la Policía Local.
El Juzgado de lo Social nº2 de Santander condena al Ayuntamiento de Castro Urdiales a indemnizar a un oficial de la Policía Local y declara "la vulneración por parte del Ayuntamiento de Castro Urdiales de la normativa de prevención de riesgos laborales" tras demanda, como se indica en el propio fallo, "contra el Ayuntamiento de Castro Urdiales, con la intervención del Jefe de la Policía Local".
El Oficial, defendido por la Letrada María Luisa Holanda Obregón, de los servicios jurídicos de la Asociación de Policía Local y Bomberos de Cantabria (APLB) denunciaba que “desde hace varios años, por parte del Jefe de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Castro-Urdiales, y con pleno conocimiento de la Administración Local codemandada, se está efectuando una persecución continuada contra el demandante”.
La Sentencia es categórica al definir como “pasivo” el comportamiento del Ayuntamiento, al que le reprocha que ni siquiera finalizó el Protocolo de Acoso Laboral municipal, activado tras denuncia interna del Oficial en 2017, ni adoptó medida alguna para evitar, prevenir y gestionar el conflicto y el consecuente daño que pueda generarse en una situación enquistada”.
Considera incuestionable la “situación generalizada de conflictividad laboral en el seno de la Policía Local de Castro-Urdiales, así como la ausencia de medidas para evitarlo, paliarlo o solucionarlo, en este caso en relación con el demandante, medidas que pasan por el diagnóstico del problema, la identificación del riesgo, la adopción de medidas y sobre todo la puesta en práctica de las mismas y, desde esta perspectiva, la actuación del
Ayuntamiento no cumple los parámetros necesarios en materia de prevención de riesgo psicosociales”.
La Juez incide en que no se trata del único caso, y hace constar que el Ayuntamiento ya fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en enero de 2020, tras un caso análogo en el que otro Agente, delegado sindical de APLB, se sentía sometido por el Jefe de la Policía Local.
La sentencia dictamina la vulneración por parte del Ayuntamiento de Castro Urdiales de la normativa de prevención de riesgos laborales, condenando a la entidad local demandada a estar y pasar por esta declaración y a abonar al actor una indemnización de 7.000 euros. Contra la resolución cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
Desde la APLB consideran de extrema gravedad esta situación, y rechazan la inoperancia e incapacidad demostrada por el Ayuntamiento de Castro Urdiales para atajar determinados comportamientos, desentendiéndose de manera reincidente, como expresa de forma rotunda la Jueza. En nota de prensa agregan que vienen denunciando reiteradamente desde 2015 situaciones de trato arbitrario y discreccional, al margen de los procedimientos judiciales, en denuncias y quejas de agentes que ni siquiera reciben respuesta por parte de los responsables en recursos humanos, y añaden que "El anterior Equipo de Gobierno miró hacia otro lado. Con el actual, la situación persiste".
