Te pueden quitar internet en cualquier momento sólo con charlar con un comercial por teléfono. Tampoco tendrás la velocidad de conexión que soñabas. Y lo que es peor: no podrás reclamar porque los operadores no te garantizan más de un 10% de la velocidad que tenga Telefónica. Tras el oro y el moro del ADSL se esconde un mercado muy mal regulado que disparó las denuncias el año pasado. Industria, de la que depende la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, promete ahora una nueva normativa de urgencia para evitar el gato por liebre de las conexiones a alta velocidad.
Un día te llaman por teléfono de una compañía, una de tantas que en la actualidad ofertan en España servicios de conexión a internet. Te explican que podrás navegar a mayor velocidad, que podrás descargarte archivos en un santiamén, que mientras navegues el teléfono no comunicará, que podrás hablar gratis... el oro y el moro. Escuchas, asientes en parte porque te parece bien. Pides más información. Dicen que unos técnicos se pasarán por tu casa. Pero al día siguiente te vas a conectar a internet y aquello no va. Llamas a Telefónica. Te dicen que ya no eres cliente suyo, que te has cambiado a otra compañía. Quieres saber cuál, pero no están autorizados a darte esa información. Cuando recuerdas la llamada del día anterior y logras contactar con aquella otra empresa que te ofrecía esto y aquello, exiges que te den de baja inmediatamente. No es fácil. Te dicen que tardarán un mes. Llegarán a ser tres, y Telefónica también se demorará en volver a admitirte.
Este fraude, que se denomina «slamming» y se traduce como traspaso de una compañía a otra sin consentimiento del abonado, lo sufrieron el año pasado unos 13.000 españoles, según datos de la Asociación de Internautas (www.internautas.org). El «slamming» lo ha hecho posible, en parte, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT). Son ellos los que regulan el acceso a internet de alta velocidad, el ADSL. Hace un año se modificó la normativa con el propósito de dinamizar el sector y se permitió a las compañías la preasignación verbal, dar el alta sin más contrato que el consentimiento verbal. El resultado fue una avalancha de denuncias. Tantas que el Ministerio de Industria tuvo que anunciar la semana pasada una nueva regulación para luchar contra el fraude del ADSL.
Enterados
El lado más sangrante es el «slamming», pero no es el único gato encerrado de la liebre que prometen las compañías. Otra queja muy repetida es la de la velocidad. Casi todo el mundo se ha enterado de que hay operadores que te ofrecen velocidades de 20 megas. Pero de lo que no se entera la mayoría es de que esa velocidad sólo es una posibilidad, un máximo al que en la práctica es muy difícil llegar.
Hasta el presidente de la CMT, Reinaldo Rodríguez, reconocía la situación hace pocos días: «Cuando las compañías venden un ADSL de 20 megas deberían explicar que, en realidad, se trata de un servicio que puede llegar hasta los 20 megas, si se producen las condiciones óptimas, que no siempre sucede, por lo que el usuario quizá disfrute de él una vez en la vida».
La tecnología que permite estas velocidades de comunicación en internet es un sistema de ADSL mejorado (el ADSL2 y el ADSL2+), pero hay que aclarar que los megas por segundo empiezan a caer a medida que el ordenador del usuario se aleja físicamente de la central que le da el servicio. Si uno estuviera pegado a esa central podría alcanzar velocidades incluso por encima de los 24 megas, pero a dos kilómetros de la central el tráfico se pone a 15 megas y a tres kilómetros a 3,5 megas. Por eso, a pesar de que se está mejorando la red, se dice que el ADSL es un servicio urbano. Y depende de la ciudad. En caso de duda, Industria da información precisa sobre la posibilidad de acceder desde un punto en concreto de España al ADSL a través de su página web.
El problema crece al saber que las compañías que ofertan acceso a internet sólo garantizan el 10% de la velocidad de los propietarios de la red, es decir, de Telefónica. Y la normativa vigente les da la razón. En la práctica, los usuarios consiguen, con suerte, un 72% de la velocidad por la que están pagando.
Ahora Industria pretende poner freno a esta situación. En el paquete de medidas anunciado para este mes se incluye, así, que las altas y las bajas requerirán algo más que un vago consentimiento verbal. También, que los operadores estarán obligados a medir y publicar sus niveles de calidad o a que sus teléfonos de atención al cliente -otra queja muy repetida en el ADSL- funcionen correctamente. El Gobierno promete sanciones duras y el usuario, por ahora, mira al resto de Europa, con ADSL más rápido y mucho más barato.
