Ha tenido que pasar más de un año, pero la empresa carrocista castreña Francis 2 cobrará el importe de los cuatro premios que obtuvo en la 62 edición del Coso Blanco de Castro Urdiales, celebrada en 2009. En total, el Ayuntamiento deberá abonar a esta empresa los 11.435 euros que corresponden al segundo, cuarto y noveno premio por las tres carrozas presentadas, y su clasificación en primer lugar al mejor vestuario.
Así lo ordena el Juzgado Contenciosoadministrativo número 2 de Santander en una sentencia en la que estima el recurso interpuesto por Francis 2 Construcción y Montaje de Carrozas, anula el decreto de Alcaldía que declaró en julio de 2009 desiertos ciertos premios del desfile de carrozas del Coso Blanco 2009, y condena al Ayuntamiento de Castro Urdiales a «reconocer los premios y abonar la cantidad con la que venían dotados ». La sentencia es firme y contra ella no cabe recurso.
La actuación de Zubiaurre
Pero al margen de la parte práctica de la condena en sí, la sentencia resulta demoledora en lo que se refiere a la actuación en todo este asunto de la concejala de Festejos castreña, Ana Zubiaurre, a la que el Juzgado acusa de tratar de «influir en la decisión (del jurado) de forma relevante».
Los hechos se remontan a la tardenoche del 3 de julio de 2009, fecha en que se celebró la 62 edición del Coso Blanco, cuando horas antes de comenzar el desfile de carrozas el jurado –del que no formaba parte dicha edil–, se reunió, calificó los trabajos presentados y levantó acta de los premios.
Posteriormente, la falta de organización durante el desfile decidió a los miembros de la empresa carrocista Francis 2 a no presentarse ante el jurado a recoger los premios que les habían concedido, como medida de protesta ante una situación de desorden que se venía repitiendo en ediciones anteriores y que, consideraban, deslucía el festejo.
Dos días y medio después, la concejala de Festejos reunió al jurado que levantó un nuevo acta en el que se declaraban desiertos ciertos premios (entre ellos los cuatro concedidos a Francis 2), a pesar de que los trabajos cumplían los requisitos establecidos en las bases del concurso y habían desfilado. La decisión se hizo firme a través de una resolución de Alcaldía el 9 de julio de 2009.
La actuación de Zubiaurre es, cuanto menos, sospechosa ya que según señala la sentencia, la edil trató de modificar la voluntad del jurado: «La decisión de retirar los premios fue impulsada por la concejala », reza el auto. Además, al no formar parte del mismo, el hecho de que participara en la toma de la segunda decisión invalida jurídicamente el acuerdo adoptado y, por tanto, el decreto de Alcaldía posterior es nulo de pleno derecho. Todas ellas «irregularidades» cuya conclusión es que «la concejala influyó en la decisión de forma relevante, reuniendo al jurado con el propósito de descalificar a posteriori ciertas carrozas».
Fuente: EL MUNDO CANTABRIA
