Varios funcionarios del Ayuntamiento de Castro Urdiales tuvieron que testificar ayer en el Juzgado Número 2 de la ciudad, en calidad de testigos, en relación a la presunta adjudicación «a dedo» de la contratación a la empresa Dirsur para la realización del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
En su comparecencia ante el juez, el actual interventor municipal, Fernando Martínez, que ha sido el que ha emitido el reparo de legalidad en este asunto, dijo que «se trataría de una adjudicación a dedo porque no hay ningún tipo de contratación». Asimismo, y después de mostrarle el informe preliminar del Tribunal de Cuentas, Martínez coincidió con dicho organismo a la hora de señalar «la falta de fiscalización previa del gasto y formalización del contrato».
Por su parte, la por entonces gerente de Urbanismo de Castro, Alicia García, declaró ayer que el trabajo lo encargó la Junta de Gobierno Local, «no sabía si el alcalde o el concejal de Obras, Salvador Hierro», y dejó claro que ella no contrataba. «Hierro se dirigía al departamento de Urbanismo a solicitar cosas aunque no fuese responsable», comentó al mismo tiempo que «no recordaba haber dicho precio a Dirsur». «El precio lo puso Dirsur. No sé si hubo negociación sobre el precio».
Por este mismo asunto, tendrán que declarar hoy en calidad de imputados Concepción Carranza, actual concejala de Educación por el PP, José Miguel Rodríguez López, concejal de Hacienda y portavoz popular, Marta González, ex concejala del PRC y César Saiz, que fuera secretario municipal.
Mañana será el turno para el ex concejal de Industria por el PRC, Jaime Díez Muro; el ex edil de Obras y actual portavoz de IU, Salvador Hierro, y el alcalde, Fernando Muguruza.
Extraído de: eldiariomontanes.es