Ramón Álvarez de Miranda, consejero de la sección de Fiscalización de
Entidades Locales del Tribunal de Cuentas, ha remitido un escrito al
Consistorio de Castro Urdiales en el que anuncia la intención de este
tribunal de fiscalizar las cuentas del Ayuntamiento de Castro, según un
acuerdo del pleno de este órgano judicial.
El TC reclama al Consistorio una serie documentos contables,
urbanísticos, de personal y organización interna que deben serles
enviados antes del próximo 20 de abril. Se han requerido datos de los
ejercicios de 2003 a 2006 aunque la sección de Fiscalización amplía las
fechas desde el año 2000 a 2005 para los informes de la Intervención
municipal y todos lo que sirvan de control interno y externo.
En
materia de Urbanismo, se piden todas las resoluciones judiciales
dictadas que pudieran afectar a la actual Corporación en relación con
el cumplimiento de la normativa urbanística en vigor, ordenación del
territorio y Plan de Ordenación del Litoral. El alcalde de Castro
Urdiales, Fernando Muguruza (PRC), hizo publico el escrito del TC en
pleno municipal celebrado ayer. Antes del inicio de la sesión entregó a
la prensa el escrito del Tribunal de Cuentas.
El regidor
municipal recordó que él mismo llamó al TC en el año 2003 «pidiendo que
se investigará al Ayuntamiento en la anterior legislatura. Ahora, y a
instancias del consejero del alto tribunal, se amplía la fiscalización
a los ejercicios 1999-2003». Fernando Muguruza afirmó tener «dudas y
suspicacias» por el momento elegido para intervenir un tribunal, que
«ha sido designado por el Gobierno socialista». Esta opinión fue
tajantemente rechazada por el ex alcalde socialista, Rufino Díaz
Helguera, quien insistió en recordar que «son las Cortes Generales,
Congreso y Senado, quienes nombran a los miembros del TC que no tienen
intereses partidistas». Muguruza ha remitido al Tribunal de Cuentas los
resultados de la auditoría realizada por ATD Auditores. El documento
indicaba, según los actuales responsables municipales, «indicios de
responsabilidad contable» del anterior equipo de gobierno socialista.
Auditoría externa
Por
otra parte, el pleno celebrado ayer en el consistorio castreño acordó
realizar, de forma paralela, otra auditoría de la gestión del actual
equipo de gobierno municipal (PP, PRC e IU) durante los años 2003 a
2006, «una valoración sin perjuicio de la fiscalización que lleve a
cabo el Tribunal de Cuentas». El pleno decidió en la jornada de ayer,
por unanimidad de los 21 corporativos, actuar mediante la contratación
externa de la auditoría. El estudio contable sobre la gestión municipal
del actual equipo de gobierno fue requerido por seis ediles no
adscritos.
«No tenemos nada que ocultar. Estamos contentos,
satisfechos y encantados, tranquilos». Con estas palabras acogieron las
tres cabezas del equipo de gobierno, el alcalde, Fernando Muguruza
(PRC), y los portavoces del PP e IU, José Miguel Rodríguez y Salvador
Hierro respectivamente, la actuación en el Ayuntamiento de Castro
Urdiales del Tribunal de Cuentas. Hierro apuntó en la sesión plenaria
que «tenemos una tranquilidad enorme porque ya intentó encausarnos el
interventor Fernando Urruticoechea, a través de la Fiscalía y no lo
consiguió».
Por su parte, José Miguel Rodríguez López (PP),
recordó que él mismo pidió al pleno en la pasada legislatura que el
Tribunal de Cuentas actuará en el pleno. «El PSOE voto en contra»,
añadió. El concejal de Hacienda recordó que la acción pública y la
querella criminal interpuestas contra Díaz Helguera por el PP después
de no aceptar el pleno su propuesta, «permanecen abiertas». Para
demostrar que no hay nada que ocultar, los nueve miembros del equipo de
gobierno votaron a favor de la realización de la auditoría de la actual
legislatura. Hierro pidió que quedara sobre la mesa la votación. Su
petición fue rechazada. Cabe destacar que el PP, miembro del tripartito
de gobierno, sumó sus votos a los de la oposición (PSOE y nueve no
adscritos).
Secretaria
Antes de la votación, tanto el
secretario municipal, José Damián Sanz, y el interventor municipal,
Fernando Martínez, aportaron los datos técnicos de la auditoría. En
este sentido, destacaron que «la auditoría sería un despilfarro ante la
investigación del Tribunal de Cuentas». Por otra parte, Martínez
desmintió las acusaciones públicas de Urruticoechea ya que «es incierto
que la contabilidad municipal se haya falseado y tampoco se han
desviado 8 millones de euros del aprovechamiento urbanístico».
Extraído de: eldiariomontanes.es