Pocas veces un juez se moja tanto y plasma, negro sobre blanco, reflexiones sobre las situaciones de corrupción que se producen en los ámbitos políticos, con el urbanismo como telón de fondo. Pero en Castro Urdiales todo es posible, ya casi nada sorprende, y el titular del Juzgado número 2 ha demostrado en numerosas ocasiones que no se anda con medias tintas; que tiene una idea muy clara de qué es lo que está ocurriendo en esta localidad, de la compleja trama que existe y en la que muy pocos pueden presumir de tener las manos limpias. No en vano lleva más de dos años investigando unos hechos «que se han producido en un contexto de urbanismo a la carta de promotores en connivencia con políticos y técnicos municipales».
Ésta es una de las principales ideas que, a modo de reflexión, plasma el juez en el auto en el que desestima el recurso presentado por cinco de los imputados en el caso Urdicam – Carmen Villanueva, César Saiz, Pedro Olano, Teresa Pérez y Ángeles Blanquet –; un recurso con el que estos trataban de anular la resolución dictada por dicho Juzgado en diciembre de 2009 y en la que se acordaba imponer una serie de fianzas a los imputados «al objeto de garantizar las responsabilidades civiles» que se pudieran derivar de los presuntos delitos de prevaricación urbanística en los que están implicados. Una fianza que, en su conjunto, rondaba los tres millones de euros.
Al margen de la desestimación de dicho recurso, que fue notificada a los procuradores presentes en el proceso el pasado viernes, destacan en el auto los contundentes fundamentos de derecho en los que el juez Acayro asegura que a la vista de los informes del Tribunal de Cuentas y de Hacienda «se establecen vínculos evidentes de clara connivencia» así como un «indiciario enriquecimiento ilícito generalizado y considerable de las personas investigadas».
A modo de «hechos llamativos y reveladores» de lo que ha podido ser el urbanismo en el municipio de Castro Urdiales a lo largo de los últimos años, el titular del Juzgado número 2 de la localidad destaca el que el «principal promotor castreño, Jon Loroño (con antecedentes por colaboración con banda armada), tuviera autorizado en sus cuentas corrientes al concejal de Urbanismo, Echevarría Blanquet». Hay más. Acayro destaca el que este promotor haya reconocido que «agasajaba con regalos y una tarjeta de crédito» al edil.
Todo vale
En este panorama generalizado de corrupción «no es de extrañar un sentimiento de impunidad en los promotores, que no entregaron la totalidad de las cesiones obligatorias, que modificaron el Plan General de Ordenación Urbana a su antojo, con el asesoramiento y cooperación necesaria de Javier Leonardo Martín y sin el preceptivo informe favorable de la Crotu o a firmar convenios en los que reconocían abiertamente que habían destruido el cauce que transcurría por la unidad de actuación (en referencia a 1.33) y los manantiales sin obtener la preceptiva y previa autorización de la Confederación Hidrográfica », señala el juez, para quien, con todas estas irregularidades en la tramitación previa de las promociones, «la licencia de obra municipal concedida es nula de pleno derecho; las obras no están autorizadas ».
Concluyen los fundamentos de derecho del magistrado calificando de «relevantes» las «especiales circunstancias » que concurren en el secretario municipal, amigo y asesor jurídico de los promotores, o en la concejala Villanueva Alba, cuya familia se beneficia de manera directa del desarrollo urbanístico en cantidades considerables».
Fuente: EL MUNDO CANTABRIA
