El dato ya es conocido. Lo adelantó ayer en exclusiva EL MUNDO: La Agencia Tributaria ha puesto al descubierto una trama en Castro Urdiales que ha derivado en desfases patrimoniales por importe de 9 millones de euros en el periodo 1999-2000 a 2007-2008. Del agujero participarían, sólo o en compañía de otros (familiares), una gran mayoría de los políticos y empresarios investigados durante los últimos meses por la comisión de presuntos delitos de diversa naturaleza, y en su mayor parte de naturaleza penal, por el titular del Juzgado 2 de la villa.Todos ellos compartirían varias señas de identidad: patrimonios en la mayoría de los casos no relevantes en los imputados pero sí en sus familiares; vínculos familiares o societarios con los concejales de aquellos que mantienen relaciones mercantiles con la Casona; notable incremento de actividad económica a raíz de la obtención del acta de edil, aparente nepotismo en la contratación... La lista es notable. Como el agujero fiscal.
Hace veinticuatro horas, este periódico avanzó el contenido de la investigación patrimonial del alcalde tránsfuga Fernando Muguruza –121.382 euros no justificados en el caso de su mujer–; la unidad familiar del ex líder del PP castreño y hoy tránsfuga José Miguel Rodríguez –607.000 euros–; el también tránsfuga y ex edil de IU Salvador Hierro –él, 66.000 euros, si bien sus padres jubilados suman un patrimonio inmobiliario de 500.000 euros (valor catastral)–; o el ex alcalde y hoy cabeza de Acuerdo por Castro Rufino Díaz Helguera. El patrimonio no justificado no es muy elevado, 37.993,44 euros, pero esta cifra se eleva sensiblemente en el caso de sus familiares. Sólo un hermano, por ejemplo, 416.264,65 euros.
Es peluquero de profesión. A media que transcurren las horas, han trascendido ya nuevos datos vinculados a la investigación. Este periódico extracta a continuación aquellos que considera más relevantes.
CÉSAR SAIZ ALONSO
Secretario del Ayuntamiento de Castro Urdiales hasta el año 2006. Actualmente jubilado. Esta casado en régimen de bienes gananciales y es padre de cinco hijos. En relación a su patrimonio inmobiliario, en el período 1987-2006 ha adquirido propiedades por valor de 2.300.000 euros y ha enajenado inmuebles por 1.000.000 euros. No han recurrido a endeudamiento, lo cual pudiera ser es incompatible con sus ingresos declarados. El desfase estimado asciende a 477.860 euros, si bien la Agencia Tributaria cree que podría superar el millón de euros.
En relación a sus hijos, se destaca a César. Presenta un desfase entre ingresos y gastos de 177.000 euros. Lo llamativo, se afirma en el informe, es su relación con las promotoras Work Santander e Izarra, de las que percibe rentas del trabajo a partir del año 2000 y 2005, respectivamente, «siendo especialmente altas las de Work Santander. Con anterioridad trabajó para el Corte Ingles y percibió rentas de INEM».
Desde 1998, a su vez, adquiere y vende propiedades, algunas de las cuales proceden de Work Santander, Izarra y Caspan 98 SL. Eso sí, se ha endeudado mediante créditos hipotecarios por valor próximo a los 600.000 euros; todos se han amortizado antes de la finalización del plazo.
También se cita a otra hija, María Ángeles. No presenta desfase. Percibe rentas del trabajo del Ayuntamiento de Castro Urdiales desde al menos el año 2000 –ha desempeñado funciones de interventora–, y a partir del 2005 también del Ayuntamiento de Guriezo. Un dato llamativo es que en 2002 y 2003 amortiza más de 60.000 euros de un crédito hipotecario, prácticamente su sueldo integro declarado esos años.
PEDRO RESTEGUI
Ha desempeñado funciones de arquitecto municipal en el Ayuntamiento de Castro desde 1997 hasta el 2005, el período de máxima construcción. En ese periodo también tiene percepciones del trabajo como actividad profesional de diversas promotoras como Elu Edificadora (gestionada por Javier Ibarrola) y Work Santander. Desde el año 2006 consta como administrador, partícipe y representante de Metro 3 Arquitectos SL.
Casado y con cuatro hijos, Restegui presenta un desfase estimado entre ingresos y gastos de casi 1.800.000 euros, si bien podría llegar a superar los dos millones. Llama la atención a la Agencia el incremento patrimonial del investigado y su cónyuge, María del Carmen Carcova, que se ha multiplicado por 8 en 9 años. En el ejercicio 1999 declaran en patrimonio total bienes y derechos 125.061 euros cada uno; en el ejercicio 2007, él declara bienes por valor de 835.088 euros y ella por valor de 975.277 euros.
PEDRO OLANO
Concejal del PSOE entre los años 1999-2003, desempeñando funciones de concejal de Obras y Contratación. Su patrimonio no presenta desfase al constar que ha heredado. Un dato que resulta llamativo, recalca Hacienda, es que ha sido partícipe de la sociedad MCZ, con un 5.56%. Esta empresa esta relacionada con la publicidad y tiene relaciones comerciales con múltiples Ayuntamientos, entre ellos, el de Castro. De esta sociedad perciben rentas del trabajo, entre otros, Jesús Manuel Zaballa Hoz (2003-2007), ex alto cargo del PSC-PSOE, y Juan Miguel de la Fuente Salvarrey. (20032008). No se ha profundizado en estas personas y sus relaciones pero se ha apreciado ciertos datos que se repiten: compran propiedades a Flavia XXI, y ellos o familiares perciben o han percibido rentas del trabajo del Ayuntamiento de Castro.
PILAR VILLANUEVA
Ha percibido rentas del trabajo como profesional del Ayuntamiento de Castro y representa a la asociación Castro aventura, que recibe subvenciones del Ayuntamiento. Desde el año 2000 es administradora junto a su marido de la empresa de servicios financieros Gestoria Asemar Villanueva Laba S.L., que hasta 2005 siempre declaraba pérdidas. El estudio patrimonial conjunto del matrimonio y de la empresa arroja un desfase estimado de 18.694,97 euros, pero el de sus padres asciende a 406.877,37 euros.
DAVID SAN MIGUEL
Hasta el ejercicio 2001 percibe rentas del trabajo del Ayuntamiento de Castro. En el período en el que fue concejal adquirió importantes fondos de inversión y letras del tesoro. Titular de tres cuentas corrientes, una de las cuales tenía un saldo de 50.000 euros a finales de 2008 que no se ha incluido en la estimación, presenta un desfase mínimo de 18.987,56 euros.
JESÚS JAIME DÍAZ MURO
Ex concejal del PRC y actual alto cargo del Comité Local regionalista. Sus vinculaciones con su hermano Ignacio y con Javier Ibarrola son tan estrechas que no ha sido posible individualizarlas, razón por la que se han tratado conjuntamente desde el punto de vista de las sociedades. El desfase patrimonial estimado de los tres estaría cercano a los 400.000 euros: Jesús Jaime (21.112 euros); Juan Ignacio y su cónyuge Margarita Vázquez (166.313 euros) y Javier Ibarrola (142.434 euros). De constatarse la figura de los testaferros que se advierten en las distintas sociedades se incrementaría notablemente el desfase atribuido.
La primera empresa analizada es Esmosa 2000 SL. Creada en 1996 por los hermanos Ginés Santamaría, fue absorbida por Castronor SL , participada en un 40% por Jaime. Declaró pérdidas superiores a 250.000 euros en los dos años que presentó cuentas. Mantiene deudas con la AEAT.canceladas por créditos incobrables y tiene cierre de hoja en el Registro Mercantil por falta de depósito de cuentas. Mantuvo relaciones comerciales con empresas directamente vinculadas con las personas investigadas.
Hay más: Ligur Edificadora SL. Figura como administradora Eulalia Díaz, una anciana de 90 años que vive en un edificio vinculado a la familia Muro, estrechamente vinculada al Ayuntamiento –varios de sus miembros perciben rentas del mismo–. «Llama poderosamente la atención que la gestión oficial de la empresa se encuentre a nombre de una pensionista de la que la base de datos de la AEAT sólo dispone de los datos de su pensión y de las cuentas bancarias, lo que nos induce a pensar que esta persona con o sin su consentimiento presenta un perfil de testaferro de los anteriores». Otro dato: Jaime y Javier Ibarrola constan como autorizados en las cuentas de Eulalia.
Otra firma es Elu Edificadora SL. Constan autorizados a cuentas Ibarrola, Ignacio Díez Muro, Jesús Ruiz Barros y José Eugenio Gonzalo. En los años 2003 y 2005 es retenedora del trabajo de Pedro Restegui, coincidiendo que éste desempeñaba funciones de Arquitecto Municipal. Y mantiene relaciones comerciales, entre otras, con Dirsur, empresa que redactó el PGOU castreño. Actualmente, según catastro, posee tres inmuebles urbanos en Barrio Samano-La Llantada, con un valor catastral de 273.998,73 euros.
Edificadora La Divisa SL. es otra de las empresas. Constituida en 2002, se encuentra de baja por disolución. Jaime era titular de un 5% de esta empresa, además de administrador junto a Ibarrola, únicos autorizados a cuentas. Tiene por objeto la promoción inmobiliaria. Durante los últimos años realizó transmisiones de inmuebles en la zona de Laiseca 149154. Actualmente sin propiedades. Declarante de pérdidas en los años 2004 y 2005.
Y de ahí a Ylvisa de Inversiones. Se crea en el año 2005 con domicilio social en Madrid. Elia Juliana Muro, madre de los hermanos Díez Muro, en esa fecha tiene 74 años y también presenta perfil de testaferro. También participan Jesús Ruiz Barros y José Eugenio Gonzalo –ambos están también en la Sociedad Edificadora la Divisa junto con Jaime e Ibarrola–, así como Francisca Crespo. Es la ex cónyuge de Ibarrola. Actualmente, la sociedad acumula un patrimonio de 2 inmuebles con un valor catastral de 373.425,34 euros en Barrio Sámano 144 y 145.
Pero las sociedades no se agotan ahí. Otra. Yalke Inversiones, con domicilio social en Madrid. Están autorizados a cuentas hasta 2007 Francisca Crespo y Rosa María Altuna (madre de Ibarrola). Constan como titulares de sus cuentas Jaime Díaz Muro, Juan Ignacio Díaz Muro y José Eugenio Gonzalo Villa. En su cuenta de resultados presenta pérdidas desde 2003 a 2006. En el año 2.008 acumulan un patrimonio de 8 propiedades con un valor catastral de 380.000 euros.
Entra en escena Izeta SL., protagonista del caso Mioño. Tiene domicilio fiscal en Bilbao e Ibarrola aparece como administrador, en tanto que Ignacio ha percibido rentas a razón de casi 50.000 euros/año entre 2002 y 2007. También consta como empleada su esposa, Margarita Vázquez (2001-2002). El importe facturado al Ayuntamiento de Castro asciende a más de 160.000 euros entre los años 2004 y 2006. Sus principales ingresos, no obstante, provienen de Edificadora La Divisa, que declaraba pérdidas. En el año 2003, de hecho, adquiere un inmueble sito en C/ Licenciado Poza 8, Bilbao, por 695.116,45 euros y concierta un préstamo de 420.000 euros.
Ibarrola Arquitectos SL tiene el mismo domicilio fiscal que la anterior. Mantiene relaciones comerciales con el Ayuntamiento de Castro, al que factura 13.920 euros en el año 2007. También en esa dirección se ubica Iztau SL, también de Ibarrola, que factura unos 60.000 euros a la Casona castreña en el período 2002-2005. En 2007 le consta un pago a Brahamos SL, 143.000 euros; es una sociedad de reciente creación que declara el mismo domicilio fiscal que Ylvisa de Inversiones y Yalke Inversiones. Tiene una imposición a plazo con saldo a fecha 31/12/2008 de 660.000 euros. No le constan trabajadores.
A modo de resumen, Hacienda relata que se trata de «un conjunto de empresas, que se suceden en el tiempo, sin apenas empleados, algunas declarantes de pérdidas y que se relacionan entre sí por ingresos y pagos». Y aporta otro s dos nombres: Construcciones Inblam y Construcciones Bilpro SA. Comparten domicilio fiscal, mantienen relaciones comerciales con el Ayuntamiento de Castro e Ibarrola, y su administrador es Laureano Blanco, de 79 años de edad, que también lo es de la A. Pro. Coop. UE 1.24 El Chorrillo. Las empresas ha pasado de cinco propiedades en el 2003 a las 29 actuales con un valor catastral conjunto de más de 4.700.000 de euros. Un hermano de Rufino Díaz Helguera, José María, percibe rentas del trabajo de esta sociedad en el 2004 y 2005.
Juan Tomás Molinero
Concejal. No presenta desfase patrimonial. En su familia,
se apunta, entre otras cosas, que hasta el ejercicio
2004 no se aprecia en las cuentas de su madre importantes
percepciones por rendimientos del capital mobiliario,
y sí un salto importante del 2005 al 2008 en que
se duplican. Se subraya su vínculo familiar con Santiago
Vélez. Y respecto de sus relaciones mercantiles, mantiene
vínculos con Construcciones Obra Mestra, siendo
su administrador Constantino Cancio, quien fue representante
de Castronor SC ( Jaime Díez Muro). También
con Gaem SC, que mantiene relaciones comerciales con
el Ayuntamiento de Castro del 2004 en adelante y con
A.Pro. Coop. UE. 1.24 El Chorrillo en 2003-2004. Se
aprecia que a partir del año 2003 sus ingresos sufren un
salto importante pasando de una media de 100.000€
hasta el 2002 a superar los 380.000€ en 2004. También
aparece Proyectos y Promociones Robledal de
Santillán SL, donde se multiplican las vinculaciones familiares
y las relaciones comerciales con la Casona y
otras empresas ligadas de una u otra forma a munícipes
o empresarios habituales del Consistorio.
FIDEL URIARTE
Ha percibido rentas del trabajo del Ayuntamiento de Castro hasta el ejercicio 2003. Se jubila en el 2005. Presenta un desfase entre ingresos y gastos de 238.000 euros. Hasta 2002, únicamente disponía de una cuenta en La Caixa D’Estavis i Pensions de Barcelona cuya percepción dineraria era de 2,53 euros. A 31/12/2008, su saldo en cuentas asciende a 75.210 euros. La madre de su cónyuge, Aurora Ibáñez, también disponía de una única cuenta hasta 2002, pasando en 2003 tener 8 y de percibir unos réditos de 4,11 euros a más de 1.700 euros en 2003. En 2007, su saldo en cuentas a fecha 31/12/2008 asciende a 60.000 euros, y como autorizada consta su hija Begoña, esposa de Fidel.
Santiago Vélez
Ex concejal. Casado con Carmen Molinero, hermana de Tomás Molinero, también concejal. Santiago percibe rentas del Ayuntamiento de Castro hasta el 2007. Presenta un desfase entre ingresos y gastos de 34.377,15 euros. Y vuelve a repetirse la circunstancia de familiares con relaciones mercantiles con el Ayuntamiento en cortos períodos de tiempo y facturación elevada así como con intereses urbanísticos en el municipio, principalmente la familia política.
Su hermana María José está casada con Vicente Corta. La primera se dio de alta en I.A.E. Empresarial, desde el 06-11-1998 al 31-07-2002, en el epígrafe 615.3 Comercio Mayor de Aparatos Electrodomésticos. Llamó la atención ser mayorista, pero sólo a nivel de un municipio del tamaño de Castro Urdiales y ser éste casi su único cliente facturando en ese período más de 350.000 euros. Y Vicente percibe rentas del trabajo del Ayuntamiento desde al menos 1999 como electricista. Sus hijos, Igor y David, también.
Otra hermana de Santiago, Julia, está autorizada a cuentas desde el 2003 de la Sociedad de Remo de Castro, que recibe importantes subvenciones del Ayuntamiento de Castro y de empresas promotoras. Entre otras, Flavia XXI, Promociones Caspan, Urdicam o Izarra SL. Por medio de la familia de su cónyuge Rafael Santoveña, Julia ha tenido importantes intereses urbanísticos .
Respecto a las vinculaciones mercantiles, Santiago era partícipe con un 33% de Alsave SC, con domicilio fiscal en un inmueble que consta en catastro a nombre de Espartero Construcciones Bilbaínas SA . El domicilio fiscal declarado de ésta última es idéntico al de promociones Inblam SL y Bilpro SL, sociedades relacionadas con Ibarrola y los hermanos Díez Muro. Se da la circunstancia que su socio Juan Antonio Santos Mier es perceptor del trabajo del Ayuntamiento de Castro desde al menos 1999, igual que los hermanos de éste Luis Miguel (1999) y María Ángeles (Residencia Municipal desde el 2000).
A partir de ahí, la AEAT pasa al terreno de las conclusiones. «Resulta cuanto menos llamativo, por reiteración con otros informes, que la persona directamente relacionada con el Ayuntamiento, en este caso el Sr. Santiago Vélez, presenta un desfase entre ingresos y gastos relativamente pequeño. Sus bienes inmuebles se limitan a una vivienda y un garaje y sus saldos en cuentas son insignificantes».
«En cambio», prosigue, «familiares cercanos, y este dato también se repite, algún hermano/a, cuñado/ a o personas que han tenido alguna relación por sociedades o cuentas, adquieren y venden con frecuencia propiedades inmobiliarias, o disponen de varias viviendas y locales, ellos, sus padres o sus hijos o en algún momento por medio de sociedades o dados de alta como autónomos han tenido relación con el Ayuntamiento».
También se repite, se agrega, la situación en la que en algún momento, el principal investigado ha sido socio o partícipe de alguna sociedad civil, relacionada con alguna actividad de construcción, junto con otras personas que han recibido prestaciones del Ayuntamiento de Castro.
CONCHI CARRANZA
Viuda y edil tránsfuga del PP, percibe
rentas del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, y además,
desde 2004 obtiene ingresos del
Ayuntamiento de Castro Urdiales.
No existe desfase entre ingresos y
gastos, pero resulta evidente es
que tanto ella como sus familiares
directos tienen importantes intereses
inmobiliarios en Castro Urdiales
(Sámano, SUNP-1 y en la
Loma en el SUNP-3). Así mismo,
«al igual que otras de las principales
personas investigadas, vemos
que sus propiedades no son
relevantes, en cambio sus familiares
» –alguno de los cuales trabaja
para el Ayuntamiento–, sí. «La suma
del valor catastral de las propiedades
a nombre de la familia
Carranza Ortiz es superior a los
4.000.000 euros con importantes
intereses en el desarrollo urbanístico
de Sámano. En las zonas de
La Suma, Sangazo, Pino, Samano,
La Fuente, Callejo, Momeñez y urbanas
en Castro».
AGUSTÍN FERNÁNDEZ
Es uno de los dos concejales del
PP que se han mantenido en el
Grupo Popular.
Casado, padre de tres hijos. La
media de sus ingresos declarados
antes de empezar a percibir rentas
del trabajo del Ayuntamiento
de Castro Urdiales, en el período
2000/2006, asciende a unos
13.000 euros brutos/año. Ya en el
Ayuntamiento, declara en el año
2007 ingresos por importe de
33.000 euros y en el 2008 de
59.000 euros. De todo ello, la
Agencia Tributaria extrae una
conclusión: «Multiplica por más
de 4 sus ingresos declarados al
entrar en política».
También se analizan las cuentas
de su cónyuge. En este sentido,
se colige que «no trabaja desde
el 2005. Sus ingresos declarados
en el período 2000/2004
nunca no superaron los 9.000 euros/
año». A la pareja, eso sí, no le
constan en principio desfases patrimoniales.
IVÁN GLEZ. BARQUÍN
La AEAT llama la atención sobre
su evolución, ya que de percibir
prestaciones por desempleo
durante los años 2004,
2005 y 2006, multiplica por cuatro
sus ventas, y en 2005 declara
por valor de 96.000 euros y el
2008 declara por valor de
380.650 euros al año, coincidiendo
con su condición de concejal
de pedanías.
En 2004, Iván tenía a su nombre
un vehículo Citroen Berlingo.
De 2007 a 2008 ha tenido, entre
otros, un BMW X5, un Opel Vivaro,
y un Mercedes CLC-180. A
fecha 31/12/2008, además, tiene
un saldo en cuentas de 78.715
euros.
Está autorizado a cuentas de la
Junta Vecinal de Islares y el valor
catastral del matrimonio que
conforma es de 288.000 euros.
Sus padres también tienen intereses
inmobiliarios en la zona de
Islares por valor catastral de
613.000 euros.
PABLO SOPEÑA
Percibe rentas del Ayuntamiento
de Castro desde finales del
año 2004. Además, en el año
2007 ingresa 22.116,79 euros de
Promociones Arbican SL. El estudio
se limita al período 2005 a
2007. En tan breve período ha
acumulado un desfase entre ingresos
y gastos de 43.730,70 euros
sin haberse analizado los
movimientos de cuentas.
GLORIA ZUBIAURRE
Percibe rentas del trabajo en clave
A del 2000 al 2003 de la Librería
Pedro Zubiaurre SL, de la que
nos consta como Administradora
junto con su madre y hermana.
Esta librería tiene declaradas o
imputadas por el Ayuntamiento
de Castro, durante el período
2000/2008, ventas/compras que
superan los 74.000 euros. A partir
del ejercicio 2003 percibe rentas
del trabajo de Casona: 39.270
euros brutos.
ALICIA GARCÍA
Es ingeniera municipal y la Agencia
Tributaria le imputa un desfase
patrimonial de 770.000 euros,
tal y como informó ayer este periódico.
Al respecto, el representante
legal de García, Enrique
Soutullo, asociado senior de PriceWaterHouseCoopers,
precisó
ayer que la afectada desconoce el
informe, y alude a que el informe
vincula el agujero con una supuesta
desviación de 9 millones
de euros en las arcas públicas del
Ayuntamiento de Castro Urdiales.
Al efecto, expone que «se quiere
aclarar que, con independencia de
la situación patrimonial de la Sra.
García, que puede ser aclarada
ante la Autoridad tributaria judicial
que así lo inste, lo cierto es
que los ingresos declarados por la
misma, procedentes del Ayuntamiento
de Castro Urdiales, son todos
los efectivamente imputados
por dicha Corporación y que se
corresponden con sus servicios
profesionales prestados».
