La Audiencia Provincial de Cantabria ha dado luz verde al enjuiciamiento del caso Mioño, al ratificar el auto del Juzgado de Instrucción nº 2 de Castro Urdiales sobre los presuntos delitos de prevaricación imputados al alcalde castreño, Fernando Muguruza, y al resto de los miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento en la pasada legislatura, por la adjudicación en 2004 de las obras de acondicionamiento del túnel de Mioño y del ascensor del Mercado Municipal.
Resueltos todos los recursos, la Fiscalía deberá presentar escrito de acusación, que se trasladará a los afectados para que preparen su defensa. Cumplido el trámite, se emitiría un nuevo auto de apertura de juicio oral, y en función de la pena solicitada, se celebraría en el Juzgado de lo Penal o en la Audiencia Provincial.
En un auto del 3 de setiembre y hecho público ayer, la Sección Tercera de la Audiencia desestima los recursos de apelación interpuestos por los imputados porque entiende, al igual que el instructor del caso, que «existen indicios racionales de comisión de los delitos» imputados.
La Sala, sin embargo, ha estimado el recurso de apelación presentado por Muguruza, Jaime Díez Muro, Concepción Carranza y José Miguel Rodríguez en contra de que el ex interventor municipal, Fernando Urruticoechea, se persone en el caso como acusación particular, al no tener condición de perjudicado. Si podrá ejercitar la acción popular «para defender el recto funcionamiento del Ayuntamiento» aunque deberá presentar para ello una fianza. Además, el tribunal declara el sobreseimiento provisional de las actuaciones emprendidas contra el secretario accidental, José Antonio Gutiérrez Olivares, por «la absoluta inexistencia de elemento intencional».
El 19 de setiembre de 2008, el juez dictó un auto de transformación en procedimiento abreviado contra el alcalde y los concejales del PP, Jose Miguel Rodríguez y Concepción Carranza; Juan Tomás Molinero y Jaime Díez Muro (PRC) y Salvador Hierro y Santiago Vélez (IU) al ver indicios de prevaricación por la presunta adjudicación a dedo de las obras del túnel de Mioño y del ascensor del Mercado. Obras, con un coste de 113.285 euros, que se adjudicaron «sin cumplirse el procedimiento administrativo de contratación legalmente establecido». La imputación se extiende a dos técnicos municipales, el entonces secretario, César Sáiz y el interventor accidental, Gregorio Alcedo. Además, al entonces edil de Obras, Hierro, y al ex concejal de Industria, Díez Muro, se les imputan delitos de tráfico de influencias por la adjudicación de las obras a la empresa Izeta, de la que el hermano de Díez era apoderado.
La Audiencia destaca que «no es que existan deficiencias en la contratación de estas obras, sino que lo que hay es una total ausencia de expediente de contratación». Al hilo, explica que la adjudicación de los trabajos se hizo «por unanimidad» en las Juntas de Gobierno del 21 de octubre y 21 de diciembre de 2004, tras un contacto del representante de Izeta, Ignacio Díez Muro, con el edil de Obras sin que las comisiones de Obras revisaran las ofertas.
La Sala, como el instructor, estima indiciariamente la vinculación familiar del hermano del edil del PRC y Hierro como motivo determinante de las adjudicaciones a Izeta, no especializada en el sector, y también sobre las adjudicaciones. «Se omite la tramitación del expediente, hay ausencia de competidores por falta de publicidad, faltan datos para fijar un precio, no se recaba presupuestos de tres empresas del ramo, no se acredita la necesidad y urgencia de los trabajos, y se adjudican directamente las obras a la empresa que libremente se designa ajenos al control de la Comisión y al precio que la adjudicataria quiso señalar».
Igualmente, «se comunicó a los servicios de Intervención, Tesorería y Contratación a posteriori sin haber realizado la retención de crédito para financiar los proyectos y no se acreditó la solvencia técnica de la empresa que subcontrató íntegramente las obras, y no se prestó garantía en forma ni se documentó por escrito el contrato en ninguna de las dos». Posteriormente, «se incorporó al expediente un folio con NIF falso, aparentando una oferta de otra empresa que no existía cuando se adjudicaron las obras, con un precio orientativo superior a Izeta y sin referencia a la obra».
Pese a que los imputados invocan en sus recursos una situación «heredada » de caos administrativo –evidenciada por la auditoría que hizo el Tribunal del Cuentas– los testimonios de los secretarios revelan que «los concejales sabían lo que estaban haciendo» ya que se habían hecho varios procedimientos de contratación y que «si lo hacían mal era porque querían, ya que había medios para hacer las cosas bien». «Alcalde y concejales se presentaban con papeles que no estaban en el orden del día iniciada la Junta y los concejales manifestaban los asuntos que querían que se les aprobase, que todo iba por urgencia, que nadie decía nada porque todo se basaba en la plena confianza y la unanimidad, allí no se veía ningún expediente ni ningún papel, ni nada, que los expedientes tenían que nacer en el registro de entrada y esto no se hacía», declaró César Sáiz.
No obstante, se mantiene la imputación contra este funcionario por no cumplir las obligaciones legales en la tramitación de los expedientes, y contra el interventor accidental por no reparar una de las adjudicaciones pese a ser contraria a ley.
Fin de la etapa
Castro Urdiales es un caso en sí mismo. Son decenas las causas abiertas en las que se indaga sobre la presunta comisión de delitos graves por parte de las últimas corporaciones municipales; tantas que resulta complejo llevar la cuenta. Ayer, la Audiencia Provincial dio un paso clave: abrir un enjuiciamiento por el caso Mioño, y desatascar de alguna manera un proceso repleto de recursos dilatorios que a nadie benefician. Ni a los ciudadanos, que conviven con la sospecha perenne, ni tampoco a la causa presente ni a las que están por llegar; antes bien, implica un espaldarazo a la actuación del juzgado castreño y aclara mucho el horizonte con respecto a nuevos procedimientos abreviados.
Y si llevar la cuenta de las diligencias previas es complejo, asimilar las resoluciones judiciales y sus consecuencias, no lo es menos. El auto de la Audiencia es un ejemplo. Nada más trascender, los teléfonos de imputados y abogados, de las partes, empezaron a echar humo. La pregunta se repetía una y otra vez: ¿qué significa?
En la práctica, lo que hace la Audiencia no es más que desestimar las alegaciones que las partes habían promovido contra el auto del juzgado castreño que transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado. Se abre por lo tanto la fase de enjuiciamiento en el caso Mioño.
La Audiencia entregará ahora de nuevo los trastos al Juzgado de Castro Urdiales, el cual dará traslado del auto a las partes: imputados, Fiscalía y al ex interventor Fernando Urruticoechea, el cual se personó en su día como acusación particular y, sin embargo, la Audiencia sitúa como acusación popular.
Se iniciará así un plazo de cinco días para que cada cual formule calificación –penas propuestas por delito– e, ipso facto, los juzgados castreños enviarán el expediente completo al juzgado de lo Penal de Santander al que toque en suerte el proceso. Podría darse el caso incluso de que los legajos regresaran de nuevo a la Audiencia, pero se intuye poco probable: las penas propuestas, a buen seguro, serán inferiores a los seis años de prisión.
Despejada la interrogantes, afloran otras dos: cuáles serán los nuevos procedimientos abreviados y, así mismo, cuándo la Audiencia se posicionará sobre el caso Trapur, diligencias ya transformadas en procedimiento abreviado y que se encuentran desde hace meses en Salesas. Pero esa es otra larga historia.
Una decisión que traerá consecuencias
El auto hecho público ayer por la Audiencia Provincial de Santander con respecto al caso Mioño, en Castro Urdiales, marca un antes y un después. Por un lado, en el ámbito jurídico, porque supone un respaldo a las meticulosas instrucciones promovidas en los juzgados castreños, pone fin a una dilación que a nadie beneficiaba –ni imputados ni ciudadanos–, deriva en el inicio de la fase de enjuiciamiento y, a su vez, abre la puerta a nuevos procedimientos abreviados.
Y de otra parte, en el ámbito municipal. Si se confirma el procesamiento de los implicados, los ahora imputados que ocupan cargo en la Corporación, entre ellos el alcalde tránsfuga Fernando Muguruza, deberían entregar su acta y centrar sus esfuerzos en su defensa ante los tribunales, tal y como hiciera meses atrás, por ejemplo, el consejero de Industria. Cualquier otro camino se intuye perverso.
Fuente: EL MUNDO CANTABRIA
