La maraña judicial del caso La Loma, donde se investigan posibles delitos urbanísticos por la supuesta tramitación ilícita de licencias urbanísticas denunciadas por una Junta Vecinal, sentó ayer a dos generaciones de ediles castreños en el banquillo de los imputados. Entre ellos, el candidato socialista a las elecciones municipales de mayo, Daniel Rívas, además de todos los concejales de la anterior Corporación, de los cuales, algunos continúan en activo. Su delito, según definió Rivas la víspera a su declaración de ayer en el Juzgado «levantar el dedo» para decir sí a un plan parcial que contaba con «todos los informes favorables» de los técnicos municipales.
Sin embargo, la investigación judicial trata de esclarecer un presunto delito de prevaricación administrativa, al considerar el juez –la citación se ha producido a instancias suya, y no de las partes implicadas en el proceso–, que permitieron que se aprobaran estos planes (SUNP 3, 4, 7 y 12), pese a conocer la existencia en contra de un informe elaborado por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu).
En el caso La Loma, la instrucción del Juzgado ha apuntado, tras denuncias de la Junta Vecinal, a urbanizaciones con irregularidades, como la invasión de suelo rústico, su construcción sobre viales públicos o la finalización de viviendas sin que tuvieran solucionado el abastecimiento de agua.
Asistencias
Fuentes judiciales aseguraron ayer a ELMUNDO que el titular del Juzgado número 2 de Castro se empleó «a fondo» en los interrogatorios a los ediles que acudieron ayer a declarar sobre el caso. Las primeras en llegar a la sede judicial fueron, a las 9.29 horas, Socorro Andueza y Pascuala San Miguel, que declararon ante el juez Luis Acayro Sánchez y manifestaron desconocer la existencia de un informe negativo a las modificaciones urbanísticas de la Loma votadas en el pleno, informó Efe.
En la misma línea se pronunció do Marta González, también imputada por el magistrado, que sostuvo que los concejales no conocían «ningún informe negativo» y que «siempre» han «confiado en los técnicos municipales». «Creo que si hay un informe negativo de la CROTU (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo) tiene que haber un informe jurídico que nos diga que eso no se puede votar porque es ilegal», subrayó.
El concejal de Urbanismo de Castro Urdiales, Pedro Revuelta, también acudió ayer a declarar junto a su compañera sentimental, la ex edil Elisa Dopico (investigada también por el Caso Trapur). En la sesión de ayer, excusaron su asistencia por diferentes motivos algunos de los concejales que también estaban citados, María Teresa Pérez Barreda, Ana Vélez de Mendizábal y Emilio Cabezas. Finalmente llegaron al Juzgado sobre las 12.00 horas para prestar declaración.
Rivas tranquilo y respaldado
El candidato del PSOE a la Alcaldía de Castro Urdiales, Daniel Rivas, se convirtió ayer en el centro de atención mediática por su doble condición de edil imputado y cabeza electoral del PSOE en la villa. Tras concluir su declaración, el edil semostró «totalmente tranquilo» y «confiado» en la Justicia. Concretamente, Rivas fue imputado por su apoyo al SUNP7 (Suelo Urbanizable no Programado), localizado, según explicó detrás del campo de fútbol de Mioño.
Rivas reiteró ayer a los medios de comunicación que «en ningún momento » tuvo conocimiento de ningún informe de legalidad sobre el SUNP-7 ni fue «consciente» de que, al dar su voto favorable a la aprobación definitiva de este Plan Parcial, estuviera «quebrantando» la Ley. Además, resaltó que tampoco votó de forma arbitraria, otro de los requisitos necesarios para incluir en prevaricación.
Rivas dijo que la única vez en la que intervino, se llevó a cabo en enero de 2007, un año después de ser nombrado edil y que recibió la documentación sobre el Plan Parcial del SUNP-7 48 horas antes del Pleno con un informe de los técnicos municipales que aconsejaban su aprobación y con la firma del secretario, quién no emitió reparo en Pleno.
Prosigue la declaración
Precisamente, por la instrucción de una de estas urbanizaciones se le retiraron las competencias de Urbanismo al alcalde de Castro, Fernando Muguruza, quien además en elmarco de este proceso ingresó en prisión ante el temor del juez a que destruyera documentación. Muguruza está citado hoy a declarar a las 12.00 horas en el juzgado.
Hoy viernes, tras Muguruza, también declara la funcionaria del servicio municipal de urbanismo, Yolanda Sánchez, señalada por algunos testigos cómo intermediaria en la compra venta de terrenos, por los que supuestamente recibía comisión.
Una funcionaria dosmileurista y, cómo trascendió en los pasillos del Juzgado 2 de Castro Urdiales, con una cuenta corriente de seis cifras (700.000 euros), tantas como sus fondos de inversión (597.000 euros). También se supo que pagó al contado su piso en el número 16 del Paseo de Pereda, en Santander por 353.000 euros enmano. La pasada semana, una vecina de Mioño declaraba cómo Sánchez la firmó un ‘recibí’ por importe de 72.000 euros, tras intermediar en una compra.
A LAS PUERTAS DEL JUZGADO
Socorro Andueza. Socorro Andueza era edil socialista en la anterior Corporación que votó, junto a sus compañeros de partido, favorablemente a los planes parciales que están en entredicho por el caso La Loma.
Elisa Dopico. Una deteriorada físicamente Elisa Dopíco pisó ayer, de nuevo, los juzgados castreños, donde se la juzgará –en breve– por la presunta adjudicación ‘a dedo’ de los servicios de desratización a Trapur.
Guzmán Miranda. Es el alcalde pedáneo de Oriñon por el partido del ex alcalde, Rufino Díaz Helguera. Ayer acudió con gesto serio pero tranquilo a su cita para declarar sobre la aprobación de los planes parciales.
Marta González. Edil del Partido Regionalista que acudía con gesto desenfadado ayer a declarar como imputada en La Loma. La regionalista declaró que desconocía el informe negativo de la Crotu a los planes.
Ana Zubiaurre. La actual edil de Turismo (ex concejal del PP) acudió a declarar con gesto serio. Zubiaurre fue una de las ediles del Partido Popular que se dio de baja en el PP, junto a José Miguel Rodríguez KyK.
Fuente: EL MUNDO CANTABRIA
