No hay día que el Ayuntamiento de Castro Urdiales no sea noticia, por una u otra causa. El pasado jueves, tocó el motivo político. Según ha podido saber este periódico, dos de los concejales de Acuerdo por Castro (AxC) que integran el equipo de Gobierno municipal, Arantza Gorriarán y Pedro Quintana, decidieron abandonar la Junta de Gobierno Local por las diferencias que mantienen con el resto de miembros en diversos aspectos de la gestión municipal, y por no estar de acuerdo con la decisión adoptada hace unos días por la Junta de Gobierno Local, encabezada por el alcalde Fernando Muguruza, Rufino Díaz Helguera (portavoz de AxC) y JoséMiguel Rodríguez López (no adscritos) –los tres imputados en varias causas–, de presentar una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el juez Luis Acayro.En él argumentan que la decisión del magistrado de inhabilitar a Muguruza en los asuntos relacionados con los departamentos de Urbanismo y Contratación está paralizando el normal funcionamiento del Ayuntamiento. No obstante, la decisión de estos dos ediles, responsables de las áreas de Servicios Sociales, Igualdad y Juventud (Gorriarán) y Medio Ambiente y Sanidad (Quintana) de abandonar la Junta de Gobierno no supondrá la entrega de su acta de concejal. Queda ahora por definir cómo afectará su decisión a las áreas de gestión que dirigen, y cómo tendrá Muguruza que reorganizar el reparto de concejalías entre los cada vez menos ediles de que dispone.
No es la primera vez que miembros de AxC mantienen serias diferencias con el resto de socios de Gobierno en Castro Urdiales. El enfrentamiento más reciente se produjo cuando la concejala Elisa Dopico fue acusada por una funcionaria de amenazas y coacción; entonces, los ediles de AxC mantuvieron un tenso tira y afloja con el regidor, hasta que éste decisión cesar a Dopico.
LU pide más personal
Por otro lado, La Unión exigió al Gobierno de Cantabria que refuerce el personal en los Juzgados de Castro Urdiales y, más concretamente, y en el número dos cuyo titular es Acayro y en el que se instruye la investigación por corrupción en el Ayuntamiento. «Con la carga de trabajo que soportan la Justicia no puede cumplir su función adecuadamente, y su lentitud es claramente atribuible y es responsabilidad del Gobierno de Cantabria», dijo la secretaria general de la formación, y letrada personada como acusación popular en los procedimientos de corrupción que se instruyen en Castro, Pilar de la Hera.
«La Justicia difícilmente puede cumplir su papel si no es rápida y fluida», indicó De la Hera, para quien la situación actual en los Juzgados de Castro es «insostenible».
Fuente: EL MUNDO CANTABRIA
