9 de julio de 2009, 20:16
El desfase patrimonial de más de 121.000 euros detectado a la esposa del alcalde Fernando Muguruza, tal y como publicó ayer EL MUNDO CANTABRIA, añade una sombra más de sospechas y pone en la picota la gestión habida en el Consistorio castreño. Entre la inestabilidad política, el aislamiento, y las irregularidades múltiples que investiga la justicia, el Ayuntamiento castreño está en una situación terminal en la que se vuelve perentoria una intervención política que normalice la Administración presidida por el regidor trásfuga.La Unidad de Blanqueo de Capitales de la Agencia Tributaría ha detectado este desfase en el análisis de las cuentas de la esposa del alcalde durante el periodo 2000-2007. Muguruza, sin embargo, tendría un saldo a favor de 53.000 euros. Toda esta información, como la de los desfases del ex alcalde socialista Rufino Díaz Helguera, se encuentra ya en poder del juzgado de la villa.
No son los únicos casos. Está también el antecedente del ex secretario municipal del Consistorio César Saiz, al que Hacienda le detectó un desfase patrimonial cercano al medio millón de euros.
Estos hechos, que entran por el momento en la esfera de lo presunto y que los implicados tendrán que aclarar, se suceden demasiado a menudo, y tienen al Ayuntamiento de Castro Urdiales en el ojo del huracán. Es también la órbita municipal donde se suceden las investigaciones judiciales por supuestas irregularidades urbanísticas y de adjudicaciones de obras.
Los partidos deben dejar a un lado sus cuitas y sus cálculos políticos para unirse en Castro Urdiales, un ejemplo máximo, si se quiere, de una situación de inestabilidad que no se merecen los ciudadanos de la localidad.
De igual modo, los responsables de ésta y anteriores corporaciones tienen el derecho de poder defenderse ante la justicia, a la que ya habitualmente visitan en los numerosos procedimientos abiertos, y la mejor manera de hacerlo es alejados del cargo público, cuyo mantenimiento supone una erosión continua para el prestigio de las instituciones. También tienen el deber de dar esas explicaciones y dar personalmente cuenta de ellas, si se encontrara responsabilidad judicial por sus actuaciones. Pero la situación política no la puede normalizar la justicia, sino los partidos, que han de hacer un ejercicio de generosidad para devolver la paz, la tranquilidad y la seguridad a uno de los municipios más importantes de Cantabria.
Extraído de: EL MUNDO
