La investigación de las presuntas irregularidades existentes en ambas unidades señala directamente al alcalde castreño Fernando Muguruza, que deberá acudir a declarar en calidad de imputado el próximo mes de octubre.
En relación a la licencia concedida en la primera unidad, el auto reconoce la apertura de un vial en una parcela de cesión obligatoria para equipamiento, así como la «recalificación y reclasificación» del suelo. Un proceso urbanístico realizado «al margen del procedimiento legal preceptivo » que modifica un viario para «encubrir la disminución de espacio dotacional», en una obra «propuesta como de interés general» pero de «dudosa credibilidad».
Según explica el auto, la modificación urbanística planteada contaba con «tres informes previos, negativos y vinculantes» de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Igualmente, el auto señala que la documentación obrante pone de manifiestomuchos «indicios de trato de favor a los promotores, especialmente a Urdicam por su condición de amigo y asesor jurídico del secretario municipal».
En similares términos, y en el auto relativo al SUP-4, se señala que «se ha podido cometer un delito continuado de prevaricación administrativa y urbanística al haberse realizado de manera contraria al planeamiento para evitar la aplicación del Plan de Ordenación del Litoral». En este caso, la modificación del Plan General para esta unidad de ejecución supuso, al incrementarse a todo el sector la tipología de la vivienda, que el suelo «multiplicase su valor».
Fuente: EL MUNDO CANTABRIA
