En un escrito dirigido al alcalde de Castro Urdiales, y a todos los grupos políticos con representación municipal, el Grupo Alceda para la defensa del Patrimonio Cultural de Cantabria pone de manifiesto que en el pleno de 28 de julio de 2015 se aprobó por unanimidad un acuerdo para la protección del Miramar que no se ha ejecutado.
Según el grupo, "dicho acuerdo implicaba la tramitación de la modificación puntual del PGOU para que se declararan los usos compatibles con la ley de Costas e incluir el edificio del Miramar en el Catálogo de protección arquitectónica y arqueológica del Pan General de Ordenación Urbana". El plazo para cumplir el acuerdo era de 6 meses.
El Grupo Alceda se lamenta de que "han pasado más de tres años sin que se haya ejecutado el acuerdo, lo que hubiera significado la protección del edificio y evitar su demolición".
El Grupo Alceda se hace eco de los esfuerzos del alcalde para buscar una financiación que permita la viabilidad económica del Miramar, sin que hayan sido compensados con una respuesta favorable de otras administraciones, especialmente la Demarcación de Costas en Cantabria y el Gobierno de Cantabria, una falta de decisión y de compromiso que anuncia la inminente demolición del Miramar, "que puede sumarse a la lista del patrimonio cultural de Castro Urdiales que ha desaparecido por la codicia, la ignorancia, o la falta de sensibilidad: la Casa de La Matra (edificio medieval demolido en 1974), el Teatro de la Villa (edificio neoclásico en la plaza de la Barrera demolido en1975), la Estación de Ferrocarril (edificio historicista de Eladio Laredo, demolido en 1975), el chalet de Monte Olivete (ejemplo de arquitectura regionalista de Leonardo Rucabado, demolido en 1981), el teatro Argenta (uno de últimos vestigios de teatro circo demolido en 1984), el convento de la Clarisas (demolido en 1998), son algunos de los edificios de altísimo interés cultural desaparecidos a los que parece va a unirse el Miramar, uno de los ejemplos singulares de la arquitectura racionalista de la costa de Cantabria que, incomprensiblemente, aún no ha merecido la protección, ni la del Ayuntamiento, ni la de la Dirección General de Cultura del Gobierno de Cantabria" indican desde el Grupo Alceda.
"Es justamente el objetivo del escrito dirigido al Ayuntamiento. Evitar la demolición invocando al cumplimiento del acuerdo del máximo órgano de representación municipal, el Pleno del Ayuntamiento, instando al alcalde, es decir, al encargado de ejecutar los acuerdos del pleno, a que cumpla con su obligación: que ejecute de una vez el acuerdo del pleno de 28 de julio de 2015 y se inicie el procedimiento de modificación del Plan General para incluir el edifico del Miramar en el Catalogo de Protección. Este es un procedimiento que no tiene costes económicos para el Ayuntamiento, pues consiste en la incorporación de una ficha del edificio con sus características, detallando las obras y usos permitidos, puntualizando que tales usos deben ser compatibles con la ley de Costas" continuaban.
El grupo Alceda entiende que "no hay excusa para incumplir el acuerdo plenario. El pleno, se insiste, no aprueba que se haga ningún plan de viabilidad económica, ni que se busque la financiación para costear las indemnizaciones y la rehabilitación del edificio. El Pleno aprueba por unanimidad la protección del edificio". “Lo primero y primordial es la protección del edificio”, dice Alceda en su escrito, “para después ocuparse de la viabilidad económica con el tiempo necesario, y con los acuerdos de colaboración de las administraciones públicas una vez estén establecidos los usos del futuro edificio del Miramar”.
Para el grupo Alceda “la viabilidad del Miramar no tiene un componente económico exclusivamente, sino que debe evaluarse en un contexto de servicio público que debe ser ponderado en términos de rentabilidad social o retorno social y cultural para la ciudadanía”. “La principal función del edificio como equipamiento cultural”, subraya Alceda, “es el propio valor arquitectónico e histórico de un edifico ubicado en el dominio público y formando parte del patrimonio cultural de Castro Urdiales y de Cantabria”.
El Miramar, centro cultural del mar y su costa
El Grupo Alceda ha aplaudido las iniciativas e ideas planteadas por diferentes grupos y entidades para definir el futuro del Miramar, entre ellas destaca la propuesta del Colegio de Arquitectos de Cantabria, la de rehabilitar el Miramar como Centro Cultural de la mar y de la costa, una propuesta que se considera de interés colectivo y compatible con la ley de Costas, “un uso social y cultural dedicado al conocimiento, divulgación y educación de los vínculos históricos, etnográficos, ecológicos, y económicos de Castro Urdiales con el mar”.
En este sentido el COACAN destaca los “valores patrimoniales, sus características arquitectónicas, su historia y situación que conecta la ciudad con la costa castreña; el edificio Miramar es idóneo para la nueva función social que ahora se propone, que no tiene sentido en cualquier otro local o contexto urbano, y que su arquitectura se identifica y se relaciona de manera unívoca con los usos y fines que habrá de cumplir”. Una vez rehabilitado, el edificio podría albergar las siguientes funciones:
- Área de exposición permanente, para una instalación divulgativa destinada a los diversos grupos sociales y colectivos, familias, mayores, turistas y público en general.
- Área de exposiciones temporales, con el fin de mantener una permanente renovación de la actividad expositiva.
- Área educativa: Dedicada prioritariamente a la recepción y visita de colegios y colectivos de la ciudad y zona oriental de la región, que se hayan de inscribir en un programa de visitas guiadas-didácticas.
- Área de actividades culturales: Pretende dar cabida a todo tipo de conferencias, talleres, mesas redondas, coloquios, etc., relacionadas con la temática del centro, que fomenten la interacción cotidiana con la sociedad castreña.
Alceda propone al Ayuntamiento que tenga en cuenta esta u otras propuestas, en las que deben involucrarse otras administraciones, advirtiendo que nada de esto será posible si antes no se cumple el acuerdo para la protección del Miramar.
