El pasado 10 de diciembre, el pleno de Castro Urdiales acordaba envíar al Tribunal de Cuentas el expediente sobre el cumplimiento del convenio con Eroski para "garantizar, en su caso, la indemnidad de las arcas públicas y asegurar, si procediere, la responsabilidad de los concejales y funcionarios que pudieran haber participado”.
Este miércoles día 24 de marzo se sabía que el Ministerio Fiscal, a la vista de la documentación presentada, considera no consta en ella la existencia de elementos indiciarios de alcance, por lo que solicita el archivo de las diligencias preliminares.
Concretamente, el Ministerio Fiscal señala que el expediente remitido se centra en el Decreto dictado por el Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda, Obras y Servicios y Accesibilidad y Movilidad el 4 de junio de 2020, que declaró cumplido el Convenio del Ayuntamiento mencionado con la entidad Eroski el 27 de abril de 2001, modificado el 14 de diciembre de 2016, al ser de imposible realización parte de su contenido, consistente en la construcción por la comercial dicha de un centro comercial, y que acordó establecer por ello una prestación indemnizatoria a cargo de la entidad de 84.000 euros, que constan abonados, al no poder acceder los comerciantes de la localidad a los locales comerciales que debían haber sido construidos a un precio reducido, como preveía el convenio.
En la documentación que forma parte del expediente constan repetidos informes del Técnico de AdministraciónGeneral de Urbanismo, del Vicesecretario, del Secretario y del Interventor sobre dicho decreto y su contenido, todos los cuales afirman su corrección, al resultar imposible legalmente el cumplimiento de las prestaciones no realizadas por la entidad privada, y que afirman el cumplimiento por ella de las prestaciones de contenido económico con relevancia para los fondos y el interés público.
”A la vista del escrito presentado por el Sr. Gutiérrez Castro, el Ministerio Fiscal ha ratificado su solicitud de archivo de las actuaciones al entender que tras el análisis de la nueva documentación remitida no se ha acreditado la existencia de hechos constitutivos de responsabilidad contable" indica la sentencia.
