Un vecino de Castro Urdiales ha presentado diversos escritos denunciando la supuesta ilegalidad de las sanciones impuestas por la Ordenanza Castreña de Aparcamiento (OCA).
En concreto, los escritos han sido enviado al Defensor del Pueblo, la Fiscalía Genaral del Estado y el Consejo Superior del Poder Judicial. La Delegación del Gobierno y el Gobierno de Cantabría también han sido informados.
Tal y como nos cuenta este vecino, "en esencia todas las sanciones impuestas los últimos años y al menos hasta junio de 2013 son ilegales y por tanto nulas y deberían ser revisadas".
Así mismo, señala que "de paso, y en el intento de lograr que se restablezca la legalidad, se han descubierto toda una larga serie de irregularidades que se han denunciado ante los diferentes estamentos".
Entre ellas, el denunciante indica que los trabajadores Setex Aparki "han sido observados tomando datos de todos los vehículos de la calle realizando listados generales de los mismos, lugar y hora de aparcamiento con el fin de crear un fichero de datos interno" los que podría suponer una violación de la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos).
A modo de resumen, las principales supuestas ilegalidades e irreguladidades denunciadas por este vecino son las siguientes:
· Falta de denuncias formales, mediante escrito dirigido a la Alcaldía-Presidencia conforme a la formalidades exigidas por la ley y la propia Ordenanza de Trafico
· Falta de ratificaciones, requisito imprescindible conforme a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo para junto a la propia denuncia formal considerar valida y admitir a tramite una denuncia ciudadana de un “controlador” de aparcamiento
· Como consecuencia de ambas, absoluta falta de elemento probatorio en todo el procedimiento sancionador
· Incumplimiento de la ley y el articulo 80 de la Ordenanza de Trafico que ordena que el órgano instructor examinar y comprobar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos impulsando en su caso su tramitación
· Usurpación de funciones publicas por parte de la empresa concesionaria del servicio que realiza de forma exclusiva excluyente las funciones encomendadas por la Ordenanza a la Policía Local
· Vulneración del derecho a la igualdad de trato y la legitima defensa por atribuir de forma ilegitima condición de Agentes de la Autoridad a los empleados de la empresa privada en lo relativo a su actividades de vigilancia otorgando presunción de veracidad a sus relatos salvo prueba en contra y dando a sus denuncias telemáticas virtuales condición validez automática ad initio para la apertura de expedientes de infracción
· Accesoriamente se vulnera el derecho a la legitima defensa también por el hecho de que a diferencia de un Agente de la Autoridad, aun en el caso de poder demostrarse la falsedad de los hechos denunciados, su responsabilidad penal en mínima
· Usurpación de funciones publicas por parte de la empresa de gestión de multas al asumir en su trabajo competencias que conforme la ley y la Ordenanza de trafico son competencia exclusiva de la Administración, concretamente el Órgano instructor
· Incumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos en lo relativo a la falta de legitimidad de las empresas privadas para la toma de datos su tratamiento archivo y cesión, falta de calidad de los datos, así como incumplimiento de la obligación de información de los derechos ARCO y falta de respuesta a los escritos del ciudadano
· Falsificación o cuando menos extemporaneidad de ratificaciones e informes de denunciantes presentados para justificar el Decreto de la Alcaldía 787/2013
· Delito de falsedad testifical del los empleados de la empresa gestora del aparcamiento en las declaraciones de sus ratificaciones
· Falsificación de las denuncias presentadas como justificación de legalidad los procedimientos sancionadores alegados por el ciudadano el junio y respondidos en los Decretos de Alcaldía 2228/2013 y 2236/2013
· Presunta Inducción al Delito por parte de quien en su caso a solicitado u ordenado a los anteriores que firmen las ratificaciones y denuncias falsas
· Delito Prevaricación en las propuestas de resolución y resoluciones presentadas al ciudadano dado que los firmantes son plenamente conscientes de las ilegalidades del procedimiento
· Delito de omisión de persecución de delito por parte el Alcalde y la Secretaria del Ayuntamiento suponiendo que las acciones ilegales se hubieran cometido sin su conocimiento
· Vulneración del derecho a la igualdad al exigir 6 meses de empadronamiento para tener derecho a tarjeta de aparcamiento
· Delito de prevaricación por parte del Juez y o el Fiscal titulares del Juzgado de Instrucción numero 2 de Castro Urdiales por su negativa a investigar los hechos
· Falta de respuesta, incumpliendo a obligación de contestar de la Administración pública, de los escritos de denuncia de la ilegalidades y las solicitudes de información relevante que demuestra las ilegalidades
