Miembros de la Agencia Tributaria y la
Guardia Civil de Cantabria han desmantelado una presunta trama de
fraude en el sector de la chatarra que podría alcanzar más de un millón
de euros en el Impuesto sobre Sociedades, al no declarar las ventas
realizadas. Se han detenido a cuatro personas, acusadas de supuesto
delito contra la Hacienda Pública.
La investigación se inicio por
parte de funcionarios de la Agencia Tributaria en Cantabria, en
concreto del Área de Vigilancia Aduanera, a raíz de una información
recibida del Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención
del Blanqueo de Capitales) sobre movimientos de capital sospechosos.
Estas pesquisas pusieron al descubierto una organización que
supuestamente se dedicaba a defraudar mediante varias sociedades
ubicadas en diferentes Comunidades Autónomas (Zaragoza, Vizcaya,
Asturias y Cantabria, entre otras), con el centro operativo en
Cantabria.
Al objeto de desarrollar las oportunas
investigaciones, la Agencia Tributaria estableció contacto con la
Guardia Civil de Cantabria, en concreto con el Equipo de Delincuencia
Organizada y Antidroga (EDOA). Desde ese momento se estableció un
dispositivo de investigación y vigilancia conjunto para el
esclarecimiento y recopilación de pruebas que pudieran encaminar a
imputar a los presuntos sospechosos.
De la investigación se
pudo deducir una trama de empresas de las cuales eran administradores y
apoderados algunos de los detenidos. A través de esas empresas habían
efectuado ventas de chatarra por una cuantía superior a los 18 millones
de euros, sin supuestamente declarar el Impuesto de Sociedades, y cuya
procedencia se ignora.
Con estos y otros datos obtenidos,
por parte de ambas instituciones se decidió "explotar" la operación,
procediendo durante la tarde del pasado martes 26 a la detención de
P.M.P., B.E.B., F.M.T. y J.M.E.B., por presunto delito contra la
hacienda pública, realizando registros domiciliarios en Castro Urdiales
y Arrigorriaga.
Se han intervenido cuatro vehículos de gama
alta, teléfonos móviles, dinero en efectivo y diversa documentación que
demuestra la trama de empresas para presuntamente realizar la
defraudación fiscal.
Toda la actuación ha sido realizada bajo
la dirección del Juzgado de Instrucción nº 1 de Castro Urdiales. Se ha
solicitado el bloqueo de las cuentas bancarias de las empresas, con un
saldo superior a 300.000 euros, según informa la Delegación del
Gobierno en un comunicado.
Extraído de: europapress.es
