El Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales no da tregua. En su intento de agilizar al máximo las investigaciones abiertas por el presunto delito de prevaricación por el que están imputados el alcalde y otros siete ediles de la anterior legislatura, el juez que instruye el caso ha comenzado los interrogatorios.
Aunque el origen de la investigación haya sido las posibles irregularidades cometidas en la adjudicación de las obras de acondicionamiento del túnel de Mioño, el juez investiga también diversos expedientes urbanísticos entre los que se encuentra el de la urbanización 'Residencial San Pelayo' en Santullán que promueve la empresa Sacyr Vallehermoso.
Sobre este caso en concreto, mantendrán un careo dos funcionarias municipales. Se trata de la ingeniera Mari Carmen Villanueva y la técnico de Infracciones Urbanística Yolanda Sánchez. Según ha podido conocer este periódico, Villanueva planteó en su día que se podría haber cometido una irregularidad dentro de estas obras en Santullán. Por el contrario, Sánchez habría argumentado no tener constancia de esta posible irregularidad. Sobre esta obra, han sido citadas a declarar otras siete personas que no ocupan ningún cargo público, pero cuya identidad no ha trascendido.
Recordemos que el 19 de junio de 2006, la Junta Vecinal de Santullán presentó una primera denuncia motivada porque la empresa constructora ocupó alrededor de 3.000 metros cuadrados de suelo rústico contemplado en el PGOU y pertenecientes a la propia Junta Vecinal. Por aquel entonces el pedáneo, Julián Revuelta (PSOE), aseguró que el cargo de parlamentario que ostentaba en ese momento Muguruza -entonces alcalde y diputado regional del PRC- «estaba retrasando» la tramitación de la denuncia que se encontraba precisamente en ese Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales. La Junta Vecinal decidió ampliar la denuncia incluyendo a Muguruza y al entonces concejal de Obras de Castro, Salvador Hierro (IU), por un presunto delito de prevaricación.
Revilla
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, rechazó ayer que el Gobierno regional esté detrás de la intervención de la Guardia Civil, como sostiene su alcalde, Fernando Muguruza, y pidió que se deje a los jueces «hacer lo que tienen que hacer».
Declaraciones de testigos
Ayer cinco trabajadores del Ayuntamiento de Castro Urdiales declararon como testigos en el Juzgado de Instrucción Número 2 que ha abierto diligencias por presunto delito de desobediencia al edil de Deportes, Agapito Pastor, y al secretario municipal, Javier Sainz.
Extraído de: eldiariomontanes.es
