El magistrado Luis Acayro Sánchez ha citado a declarar, en calidad de imputados, al alcalde de Castro Urdiales, Iván González (PP), y ocho exconcejales del Ayuntamiento castreño por aprobar en los plenos de 2008 y 2009 un ‘sobresueldo’ en beneficio de dos funcionarios municipales, Pedro Arroyuelos y Gregorio Alcedo, razón por la que les atribuye un presunto delito de prevaricación administrativa en concurso con un delito de malversación de fondos públicos.
Se trata de la primera citación que recibe el actual alcalde de Castro como imputado, aunque por un asunto relacionado con su anterior etapa de concejal.
El instructor castreño ha dictado una providencia, con el ‘visto bueno’ del Ministerio Fiscal, en la que cita a los nueve integrantes del anterior equipo de gobierno que presidía el exalcalde Fernando Muguruza (también imputado en este caso junto al actual portavoz de Acuerdo por Castro, Rufino Díaz Helguera) el próximo 26 de septiembre, a partir de las 8.45 horas, para explicar su intervención en las votaciones en las que se aprobaron «determinadas partidas de complemento personal transitorio en beneficio exclusivo de los dos funcionarios, sin amparo legal alguno y habiendo sido previamente advertidos de la ilegalidad que ello suponía hasta en cuatro ocasiones, dos por la técnico de Recursos Humanos y otras dos por el interventor municipal».
En dicha providencia, el instructor asegura, además, que ha tomado declaración, en calidad de testigos, al concejal de Obras, Javier Virto, y los exediles Salvador Hierro (IU) y María Jesús Esteban (PSOE), «corroborando todos ellos que los informes en los que se advertían tales ilegalidades eran conocidos por todos los que votaron a favor».
Desde el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria quisieron dejar claro ayer que el asunto se encuentra en fase de instrucción, es decir, de investigación, «por lo que el magistrado aún no ha concluido si hay o no indicios de delito en los hechos investigados». Asimismo, señalaron que en el transcurso de la citada investigación, el titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro llama a declarar a estas personas en calidad de imputadas, «lo que garantiza su derecho de defensa, pues en su declaración estarán asistidos por sus letrados».
Los exconcejales a los que ha llamado el juez Acayro a declarar son, además del actual alcalde de Castro y por entonces concejal del equipo de gobierno, José Miguel Rodríguez López ‘KyK’ (Hacienda), Concepción Carranza (Educación y Cultura), Ana Zubiaurre (Turismo), Agustín Fernández (Industria), Arancha Gorriarán (Festejos), Pedro Quintana (Medio Ambiente), Elisa Dopico (Sanidad y Asuntos Sociales) y Agapito Pastor (Urbanismo y Deportes).
Asimismo, han sido citados para declarar el mismo día los dos funcionarios beneficiados, presuntamente, por el acuerdo, también imputados dentro de la causa, y cuatro testigos.
Estas nuevas imputaciones se producen después de que el juez Acayro emitiese a finales del pasado mes de marzo un auto en el que sostenía que en el Ayuntamiento de Castro se produjo un desvío de fondos públicos sin cobertura legal en beneficio de funcionarios y personal laboral superior a los 4,5 millones de euros, entre los años 1999 y 2009, bajo el mandato de los exalcaldes Rufino Díaz Helguera (1991-2003), actual portavoz de Acuerdo por Castro, y Fernando Muguruza (2003-2011), motivo por el que les imputa un presunto delito de prevaricación administrativa.
«Desvío masivo de fondos»
En dicho auto, el instructor aseguraba que en el Consistorio castreño se han podido realizar numerosas contrataciones de personal «al margen de la legalidad», que determinados puestos claves en el organigrama municipal (Contratación, Disciplina Urbanística, Recaudación, Nóminas...) han podido percibir «sobresueldos» y que dichos puestos están ocupados por personas contratadas «a dedo», sin que se haya convocado un concurso público de las plazas.
Además, afirmaba que se ha realizado un «desvío masivo» de fondos públicos sin cobertura legal a favor de funcionarios y personal laboral y que, en el caso de los primeros, se han abonado conceptos como «bolsa de Navidad», «Coso Blanco», «complemento personal transitorio», «gratificaciones por 25 años» o el complemento de «productividad» «de manera lineal y periódica, y sin cumplimiento objetivo alguno». «Su amparo jurídico es el mismo que si se hubiese decidido abonar el ‘complemento de la anchoa’».
