Hay que tener muy mala baba y ganas de engañar a sus lectores para titular “El ex interventor deja la acusación popular para no abonar los 3.000 euros de fianza” como hacían en el artículo publicado el jueves 5 de agosto, a partir de unas declaraciones telefónicas que efectué a iniciativa de la periodista de EL DIARIO MONTAÑÉS. Me llamó para comentar el Auto de la Audiencia Provincial de Cantabria, en el que se me imponía tal fianza para poder seguir como acusación popular en el procedimiento judicial conocido como “Obras en el túnel de Mioño”.
Mi primer comentario fue que el Auto no tenía efectos prácticos y el segundo que era una muestra, aunque insignificante, de la justicia desgraciada con la que contamos, cuyo ejemplo más relevante es que frente a las maniobras dilatorias de los procesados, no ha sido capaz de comenzar el enjuiciamiento por delitos apreciados y calificados hace meses en la instrucción del Juzgado nº 2 de Castro Urdiales.
Le justifiqué la primera expresión informándola de que hacía meses que había ordenado a mi procurador el abandono como acusación en todos los procedimientos en los que estaba personado en el Juzgado de Instrucción nº 2; por cierto, es el único de los tres existentes en Castro Urdiales que mantiene tal línea de actuación. He de recordar que en el año 2002 se cursó por parte del PP la primera querella criminal contra el entonces alcalde Rufino Díaz Helguera, precisamente en base a mis informes de ilegalidad en cumplimiento de la función pública inherente a mi cargo.
Tal es así que el pasado 15 de abril remití un correo a mi procurador en que exponía:
“… ha llegado el momento de cerrar mi participación en todos los procedimientos en los que estoy personado como acusación, por lo que le ruego que me de baja en todos ellos.
Tal como pacté con mi abogado …., mi intervención como acusación no lo era por vocación de justiciero, sino para facilitar la acción de la Justicia contra los que saquearon y siguen saqueando el pueblo de Castro Urdiales desde el Ayuntamiento y para intentar resarcirme del terrible daño que me causaron a mí y a mi familia.
El primer objetivo ya lo he conseguido y ahora ya tengo el relevo con otras acusaciones, especialmente de LA UNIÓN y el segundo me lo han hecho imposible, por lo que ABANDONO”.
Como funcionario responsable del control de legalidad en la gestión económica del ayuntamiento de Castro Urdiales, informé de tremendas ilegalidades y fui perseguido por ello desde el año 2002.
También por razón de mi cargo y de los delitos públicos, presuntos, de los que fui testigo, cumplí con la obligación del art. 262 LECr, poniéndolos en conocimiento de la Fiscalía de Cantabria en el año 2004, con el resultado de su total inhibición y de mayores perjuicios personales, nuevamente por el cumplimiento de una obligación legal derivada de la responsabilidad de mi cargo.
Volví a intentar colaborar lealmente como acusación particular, con la instrucción judicial desde 2008, que suponía la primera investigación judicial de la corrupción en el manejo de los fundos públicos del ayuntamiento de Castro Urdiales. Intenté aportar mi experiencia profesional, además, como víctima del escarnio a la legalidad, pero no ha sido entendido así por la Fiscalía, ni por la Audiencia Provincial de Cantabria, para cuyos representantes parece que soy un obstáculo a eliminar.
La resistencia humana tiene un límite, más si estás solo y más cuando hay decisiones judiciales que lo dificultan; habiendo intentado sin éxito la formación de una plataforma cívica de seguimiento de la investigación judicial, el abandono era la salida lógica tras el Auto de 3/9/09 de la Audiencia Provincial –ponente D. Esteban Cámpelo Iglesias -, que impidió que continuara como acusación particular. Nunca me han dado opción de probar ser perjudicado por los delitos públicos apreciados por el juez instructor en el procedimiento del 2Túnel de Mioño” y en el caso de las “ratas de Trapur”.
Tratándose de temas que acabaron afectándome de forma personalmente grave en mi salud y en mi familia, extenuado psíquica y económicamente, sin vocación de “Llanero solitario”, sólo me queda lamentar que lo que me parece, con argumentos de peso, un mal quehacer profesional de la Fiscalía, pueda malograr la instrucción judicial, concluida en los dos procedimientos comentados. En ambos, desde la acusación señalé la implicación en la corrupción de más personas y con calificaciones de más delitos, que, curiosamente, la Fiscalía deja impunes.
De haber estado en disposición de continuar, el incremento de 150€ a 3.000€ de la fianza que me imponían para poder seguir con la acusación popular, por gracia del Auto de la Audiencia Provincial –ponente Dª. Paz Aldecoa Alvarez-Santullano-, hubiera sido la puntilla.
No sólo es el importe (disuasorio para un ciudadano movido por el cumplimiento del deber y con múltiples obligaciones económicas que ni siquiera se han tenido en cuenta, más bien al contrario con prejuiciosos presunciones personales), sino por su falta de fundamentación en las obligadas variables legales y jurisprudenciales, sin atender siquiera las razones expuestas en el Auto del Juzgado nº 2 de Castro Urdiales, que ni se mencionan en el Auto. Esto me produce una sensación de arbitrariedad y origina, en la práctica, la inviabilidad de la acusación popular.
Los poderes judiciales con los que me he topado, en vez en vez de remover cuantos obstáculos impidan o dificulten hacer efectivo el derecho a una tutela judicial efectiva, me los han incrementado.
Para cuando se celebre el juicio oral de estos dos asuntos, que espero sea antes del juicio final, sólo estará la acusación de la Fiscalía y los delincuentes, presuntos claro, no tendrán enfrente la acción popular ¿lo celebrarán?
Fernando Urruticoechea Basozabal
Ex Interventor del ayuntamiento de Castro Urdiales
