El alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, volverá a tener que visitar en breve los Juzgados; un camino que, a este paso, no va a olvidar fácilmente. El fiscal del Juzgado de Instrucción número dos de Castro Urdiales ha citado al regidor a declarar, en calidad de imputado, en una pieza separada abierta dentro de las diligencias previas 840/08 que investiga presuntas irregularidades urbanísticas en la gestión municipal castreña.
Esta citación, emitida con fecha del pasado 29 de julio, tiene como objetivo «determinar si se ha cometido infracción penal y la posible autoría de la misma» por parte del llamado a declarar como imputado, el alcalde Muguruza. Lo más destacado de este hecho es que es la primera vez, desde que comenzara el proceso judicial en torno a la gestión urbanística en Castro Urdiales, que la Fiscalía llama a declarar a la máxima autoridad municipal.
Este último movimiento de la Justicia se produce apenas unos días después de que se conociera el último varapalo a dicha gestión, tras rechazarse el recurso presentado por la empresa Castrum Varduliex y ratificarse el auto de marzo de 2010 que ordenaba la paralización de las obras de 150 viviendas y un supermercado en el entorno de Santa Catalina, entre el colegio Arturo Dúo y el polideportivo Pachi Torre. Una paralización decretada por la Audiencia Provincial como medida cautelar y que, según se recoge en el auto, se basa entre otros motivos en el hecho de que el proyecto siga las directrices de un Plan General con informes desfavorables de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu).
Se trata de una de las actuaciones urbanísticas por las que el magistrado Luis Acayro Sánchez imputó hace meses a 32 personas (políticos, constructores y funcionarios) por presuntos delitos de prevaricación administrativa y urbanística, falsedad documental, estafa y delito contra la ordenación del territorio. Para 24 de esas 32 personas, el juez fijó fianzas millonarias con el objeto de asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias por los perjuicios a los compradores de las viviendas que se levantan en esa zona.
En marzo, el Ministerio Fiscal solicitó al juez que paralizase las obras cautelarmente para evitar daños mayores y otros perjuicios. En aquel momento, la empresa constructora presentó un recurso de apelación que la Audiencia Provincial ha desestimado (con fecha 26 de julio de 2010), solicitando a la constructora que cese en sus trabajos.
Falsedad documental
Ésta no es la primera vez que Castrum Varduliex se enfrenta a una orden de paralización. En noviembre de 2009 se pararon por primera vez estas obras al considerar que en el proyecto de reparcelación aprobado se había manipulado la cabida y situación jurídica de la parcela de equipamiento público. Además, se imputó al promotor y representante de la empresa por un posible delito de falsedad de documento público. Unmes después, y a petición de la promotora, el magistrado castreño permitió seguir con los trabajos.
Fuente: EL MUNDO CANTABRIA
