El señor consejero de obras públicas, Mazón, se pone de los nervios en cuanto surge cualquier opinión que discrepe de sus planes. En la réplica a la propuesta de nuestra asociación reclamando que el Ayuntamiento cumpla con su acuerdo de tramitar la consulta popular sobre el puerto deportivo, Mazón ha dicho que “no vamos a parar las obras porque algunos se opongan” afirmando también en un ejercicio de clarividencia supina que “este proyecto es lo mejor para todos o para la mayoría”.
Empezando por esto último, ya nos gustaría debatir con el señor Mazón, y con todas aquellas personas o grupos políticos que defiendan la construcción del puerto deportivo que, desde nuestro punto de vista, este proyecto es, contrariamente a lo que piensa el consejero, lo mejor para unos pocos, y entre estos pocos se encuentra principalmente quien ingrese 17 millones de euros por la ejecución de la obra, y quien sea adjudicatario de la gestión (privada) del puerto deportivo. En cuanto a los puestos de trabajo, si se compara simplemente con los puestos de trabajo de las contratas que se han encargado de ejecutar la obra del aparcamiento podremos darnos cuenta de que no han sacado del paro a ningún trabajador de Castro. Así que, que dudamos seriamente que este proyecto sea lo mejor para todos, y por el contrario, muchos castreños le señalaríamos una lista interminable de obras o proyectos en los que invertir tanto dinero, que buen seguro satisfarían necesidades más acuciantes que las del puerto deportivo.
Pero lo más preocupante para nosotros, simples ciudadanos, es observar que tenemos a un señor a cargo de una consejería de obras públicas que peca de soberbia, y que no está dispuesto a dar marcha atrás con sus planes “porque algunos se opongan”. No sabemos que valor numérico otorga el señor consejero a la expresión “algunos”. El colectivo para salvar la bahía llegó a presentar más de diez mil firmas contra este proyecto, cantidad que debiera ser suficiente como para provocar alguna reflexión en el consejero. En cualquier caso, pensamos que la consulta popular es el medio idóneo para saber si somos muchos o pocos los ciudadanos que nos oponemos al puerto deportivo. Sabemos también que la consulta popular no vincula a los poderes públicos, pero aún así, la reivindicamos como ejercicio de un derecho democrático que, aunque al señor Mazón le traiga al pairo, quizás a su jefe de gobierno, el señor Revilla, le preocupe imponer un proyecto de estas dimensiones en contra de la voluntad popular. Tampoco parece muy elegante la postura del señor consejero, contraviniendo a sus socios de gobierno, los socialistas de Castro, que han calificado a esta obra como “no prioritaria”. En realidad, lo que preocupa a cualquier gobernante despótico es que el pueblo pueda poner en entredicho sus propias decisiones, y eso es lo que le pasa al consejero Mazón.
En cuanto a la capacidad jurídica del Ayuntamiento para convocar la consulta, ésta viene definida en la ley de bases de régimen local, art. 71, y a pesar de que el puerto deportivo es competencia de la comunidad autónoma, ésta no puede ejercerse de forma exclusiva por la consejería de obras públicas, pues la propia ley de puertos de Cantabria, y más concretamente la ley de suelo de Cantabria, estipulan que la calificación y clasificación de los usos del suelo es competencia municipal.
El puerto deportivo aún no está incorporado al plan general de ordenación urbana
El consejero Mazón quiere darse mucha prisa con el proyecto deportivo del que, por cierto, tan solo conocemos una maqueta, pues junto con la obra se licita también la redacción del proyecto. Sin embargo, debemos recordar al consejero, y también al alcalde de Castro Urdiales, que este proyecto no puede llevarse a efecto mientras el plan general no lo incorpore en la próxima revisión, pues de lo contrario se estaría incumpliendo el art. 17 de la ley de puertos de Cantabria y también el art. 12 del propio plan de Puertos auspiciado por la consejería de obras públicas y urbanismo, o en su caso, dos años después de aprobarse el plan de Puertos; como éste se aprobó en junio de 2008, hasta junio de 2010, no puede entenderse legalizado el puerto deportivo, y sólo a partir de entonces podría iniciarse la licitación de las obras del puerto deportivo.
DEJEMOS QUE SEA LA CONSULTA POPULAR LA QUE NOS ACLARE SI SOMOS MUCHOS O POCOS LOS QUE NOS OPONEMOS AL PUERTO DEPORTIVO, Y LUEGO QUE SEA EL GOBIERNO DE CANTABRIA QUIEN DECIDA
Fuente: Asociación Ciudadana Otro Castro es Posible
