La secretaria general del PP, María José Sáenz de Buruaga, advirtió hoy al consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Vicente Mediavilla, de que el Partido Popular "está dispuesto a llegar hasta el final" para aclarar su "implicación" en la "extraña operación urbanística" de Castro Urdiales, un "pelotazo" -dijo- que ha reportado un beneficio de más de seis millones de euros a un pariente de Mediavilla gracias a una decisión "absolutamente excepcional, por no decir única en su especie" de la CROTU, añadió.
Según señaló, "llegar hasta el final" implica agotar primero la vía de la exigencia de explicaciones políticas y responsabilidades, para después poner el asunto en manos de los servicios jurídicos del partido e "ir a los tribunales si del análisis jurídico se desprenden indicios suficientes para fundamentar una acusación".
Sáenz de Buruaga denunció en rueda de prensa que Mediavilla -candidato del PRC a la Alcaldía de Santander- no ha dado explicaciones serias y convincentes sobre la actuación en este asunto de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), que gracias a una "interpretación anómala, benevolente y de privilegio" -dijo-, "fomentó un fraude de ley para librar al plan parcial del pariente de Mediavilla" de la obligación impuesta en el Plan de Ordenación del Litoral (POL) de destinar el 25% del terreno a viviendas de protección oficial.
La secretaria general del PP afirmó que el consejero, en sus explicaciones de la semana pasada, "trató de hacer ver" que quien está detrás del plan parcial del Sub-4 es el equipo de Gobierno de Castro Urdiales, "y en particular la concejala de Educación", del PP. Sin embargo, para el PP la operación ha sido "manifiestamente impulsada por el PRC a todos los niveles", ya que el urbanismo en Castro lo hace el alcalde y diputado regional del PRC, Fernando Muguruza, que "para más inri" es también concejal de Urbanismo, y el consejero de Urbanismo, también del PRC.
Sáez de Buruaga leyó el acta del Pleno de julio de 2004 en el que se debatía la aprobación del plan parcial, sin contar con la preceptiva evaluación de impacto ambiental, y en el que el alcalde señaló que "debe tenerse en cuenta que el POL se va a aprobar y si afecta a este sector, se le añadirá una carga del 25% -para VPO- y si se le añaden más cargas, será difícil desarrollar el sector".
LA CROTU "APUNTÓ LA SOLUCIÓN"
No obstante, la dirigente del PP puntualizó que fue la CROTU quien "apuntó al Ayuntamiento y bendijo la solución para escapar del POL". Así, denunció que "no hubo una aprobación provisional válida" anterior a la aprobación del POL -en septiembre de 2004-, y añadió que Mediavilla "ha sido incapaz de explicar" por qué la CROTU "cambia de criterio y, en contra de la ponencia técnica, sugiere al Ayuntamiento la convalidación con efectos retroactivos de la aprobación provisional de julio de 2004, que fue nula", insistió, por carecer del informe de impacto ambiental.
"Lo que hubo fue una interpretación de privilegio fabricada por la CROTU, ya que la evaluación de impacto ambiental no existió hasta enero de 2005, por lo que la aprobación provisional de julio de 2004 ha de ser nula", reiteró Sáenz de Buruaga, quien subrayó que en los pasos siguientes, el Ayuntamiento hizo lo que la CROTU le "mandó", "proceder a la aprobación definitiva del plan parcial -en junio de 2005- y convalidar con efecto retroactivo la aprobación provisional", de forma que el plan parcial, al ser anterior al POL, quedó eximido de la obligación de reservar el 25% para VPO.
La secretaria general del PP concluyó afirmando que su partido da hoy una "nueva oportunidad" a Mediavilla para que explica esta conducta "políticamente vergonzosa" con la que "se ha puesto a sí mismo -dijo- en una situación tan seria".
Extraído de: europapress.es
