La investigación judicial sobre la Unidad de Ejecución 1.34 en Castro Urdiales, sigue centrando el interés público por él número de personas afectadas, el alcance de los presuntos delitos, la relevancia social de los empresarios investigados y por las supuestas implicaciones políticas que podrán derivarse de las pesquisas. Tal y como informó EL MUNDO, técnicos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico confirmaron al juez, el pasado lunes, que el cauce que atraviesa la vaguada existente recibe el aporte de las aguas pluviales y de varios manantiales localizados, entre otros puntos, en la UE 1.33, convirtiendo a dicho arroyo, denominado ‘La Magdalena’, en un bien de dominio público, y cuyo desarrollo urbanístico obliga a respetar una zona de servidumbre de cinco metros y de uso público.
El juez quiso confrontar así las distintas opiniones e informes que, en relación a la existencia de un arroyo en la zona, se han producido en los últimos meses. De ahí que se interesase por aclarar el ámbito de dominio público hidráulico, que corresponde determinar a la CHC, al haberse acreditado la existencia de manantiales y de cauces que no están catalogados pero que tienen que ser respetados si aparecen y que el informe de la Confederación sobre el Plan Parcial del SUP, en el que no acreditaba la zona como de dominio público, no es válido para la UE 1.34.
Florencio Gómez, administrador de Urdicam, manifestó que la Confederación no habría determinado la existencia del citado arroyo, por lo que la promotora insiste en que no ha construido en una zona de dominio público. No obstante, las investigaciones apuntan a que existirían indicios suficientes de que el cauce pluvial no fue tenido en cuenta por Urdicam pese a ser considerado durante la tramitación de los instrumentos urbanísticos, como un cauce privado, del que no se informó a la Confederación.
Otro de los promotores al que el juez investiga, Jon Loroño, de Inmobiliaria Izarra, aclaró que, la promoción de 21 viviendas que sigue construyendo en la 1.34 y que concluirá previsiblemente a finales de año, cuenta con todos los informes y permisos favorables, y rechazó que haya cometido un delito de estafa en la venta de las casas, ‘ya que no he vendido ni un solo piso y nunca nadie me ha puesto una denuncia’ dijo. También indicó que la urbanización que promueve está ubicada en los terrenos que albergaban una casa unifamiliar con más de 150 años, insistiendo en el daño personal que se le está haciendo, durante el proceso.
Extraído de: EL MUNDO
